Agentes de la UCRIF, durante una de las inspecciones en los trasteros. | Policía Nacional

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Nuevos tiempos y tolerancia cero contra la corrupción en San Fernando. El policía local detenido por alquilar trasteros a inmigrantes en situación irregular será sancionado con una multa que irá entre los dos y los tres millones de euros. Fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora han confirmado que la Conselleria d’Habitatge abrió expediente sancionador contra esta persona e impondrá la sanción correspondiente por crear infraviviendas en contra de la ley. Es decir, multas de 30.000 a 90.000 euros por infracción. Al tratarse de un total de 73 trasteros (viviendas indignas) el montante superará con creces los dos millones de euros.

Del mismo modo, también se le está investigando por acosar a una de sus ‘inquilinas’. Resulta que la mujer abonó el importe y después, el agente se lo volvió a reclamar. Al no satisfacer sus deseos, le interpuso una demanda de impago. La víctima tiene comprobante del pago y por ese motivo se le denunció por acoso al no cesar el hostigamiento contra ella.

El arrestado llevaba el control de 73 infraviviendas en las barriadas de la zona de Gomila, proximidades de la calle Manuel Azaña, Foners, Lluis Sitjar y de s’Indioteria. En la mayoría de casos se trataba de plantas bajas o sótanos de escasos quince metros sin luz ni ventilación. Por ellos cobraba entre 300 y 750 euros.