Tomás Herranz y Fernando Bermejo, los dos fiscales que han intervenido en el juicio. | ALEX SEPULVEDA

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«Decir las cosas no las convierte en verdad, hay que acreditarlas». Antonio Ledesma, exjefe de la Policía Local de Marratxí, citó en su turno de última palabra al fiscal Tomás Herranz, presente en la Sala. Con esa frase quedó visto para sentencia el juicio a Ledesma, a José Antonio Navarro, jefe de la policía de Calvià y dos empresarios en por investigación que quedó luego sepultada en el ‘caso Cursach’. El fiscal que mantuvo la acusación en el informe del Ministerio Público, Fernando Bermejo mantuvo la petición de seis años de cárcel por cohecho para todos los acusados: «La justicia ha llegado tarde pero ha llegado».

Las posiciones de Fiscalía y defensas parten de un hecho común y que nadie discute. La empresa MCP pagaba a Navarro y Ledesma por trabajos de gestoría laboral durante años. A partir de ahí, las consecuencias que se extraen son opuestas. Según la acusación pública eso se traduce en tres delitos, un trato de favor a la empresa MCP y la desaparición de denuncias y actas policiales. Las defensas consideran que ningún trato de favor se ha probado y que no hay delito alguno. En palabras del abogado de Navarro, Jaime Campaner: «Lo hizo mal y cometió un error continuado en el tiempo». Las defensas niegan que exista un soborno porque las facturas correspondían a trabajos ciertos. Añaden otro matiz: tenían que ver con contratos laborales, un aspecto que no controlaba la Policía Local de Calvià.

La Fiscalía discrepa: «Es evidente que el cargo de Navarro y Ledesma implicaba inspeccionar a los locales. Es una forma de corrupción». Sostiene que se daban avisos de inspecciones, que se retiraban sanciones y se daban órdenes. Las defensas le reprocharon que buena parte de esas pruebas no se concretaron en el juicio y que el fiscal se remite a declaraciones de instrucción cuando la causa estaba bajo secreto. El propio fiscal pidió que se dedujera testimonio contra dos de sus testigos en el juicio por mentir después de desdecirse en la Sala de lo que habían dicho en instrucción y pidió perseguir a testigos «que un día dicen una cosa y luego otra» con consecuencias como la prisión preventiva de Ledesma y Navarro.

Las defensas de los dos empresarios niegan ningún trato de favor. Explican que era el segundo grupo con más expediente sde Calvià según un informe de la Guardia Civil. También atacaron los intereses de algunos de los denunciantes y plantearon que pretendían atacar a la competencia con esas acusaciones.

El juicio quedó visto para sentencia. Además de este, aún quedan pendientes otras dos vistas por las investigaciones precedentes del ‘caso Cursach’: el caso de los exámenes en la Policía Local de Palma y la trama en torno a un empresario de Platja de Palma.