Jhardi es el único cargo público condenado hasta el momento por algo relacionado con la instrucción del 'caso Cursach'.

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La exconcejal de Régimen Interior del Ajuntament de Palma, Aurora Jhardi, confirmó en el juicio que tuvo una reunión extraprocesal con el fiscal acusado, Miguel Ángel Subirán, cuando la causa estaba secreta. En su declaración, señaló que se encontró con él en los juzgados «pero no fue una declaración». Según dijo: «Fui porque el director general de Seguridad Ciudadana (Martí Capó) me pidió que fuera con él para conocer al fiscal y que nos pusieran al día de las investigaciones que se llevaban a cabo en el Ajuntament de Palma». Según testificó, Subirán no les contó «mucha cosa»: «Que estaba bajo secreto y que era posible que fuera el Grupo de Blanqueo a solicitar información, que era una investigación que llevaba mucho tiempo abierta y que tuviéramos cuidado».

La exconcejala había sido citada a petición del abogado del subinspector de Blanqueo para aclarar la información que dio previa al estallido del 'caso ORA'. Jhardi manifestó que en ese momento era muy inexperta dado que acababa de acceder al caso y que sus conocimientos sobre contratación eran escasos. «Sufrí por aquellas respuestas porque me preocupaba que pudieran malinterpretarse». En concreto se refirió a una sobre el plazo que tildó entonces de «insólito» para un informe jurídico. «Así me lo pareció entonces, luego mi experiencia me demostró que sí era posible. Recuerdo haber manifestado que declaraba porque estaba obligada pero de forma totalmente inexperta». El subinspector Blanco declaró al inicio del juicio que esa declaración fue una de las que afianzó las sospechas sobre la ORA y detonó las detenciones.

Jhardi, en cualquier caso, mostró cierta solidaridad con los acusados: «Siento mucho que estéis aquí», dijo. Interpelada por el fiscal el motivo, añadió: «Me sabe mal». La exconcejala es el único cargo público condenado a raíz del caso por un delito de prevaricación, por perjudicar al Grupo Cursach. Esa sentencia no es firme.

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También compareció ayer a petición de las defensas un albañil de las brigadas municipales. Fue interrogado dos días antes del segundo ingreso en prisión del empresario Antoni Roig por el hallazgo de tres contenedores con papeles en un almacén municipal. En ese momento, los ahora acusados, sostenían que demostraba que se habían destruido pruebas. Ahora el testigo no fue tal claro. Señaló que le pareció extraña tanta cantidad de documentos y que no estuvieran tritutados, pero que se trataba de planos, carpetas y cosas similares. Que sobre Roig se hizo un comentario.

Un empresario de Magaluf, José Manuel Bover, declaró para exculpar a Penalva y Subirán de una de las revelaciones de secretos y se señaló a sí mismo como la fuente de un periodista. Declaró que acompañaba a dos empresarios británicos de la zona para declarar en torno a la presencia del exfiscal Pedro Horrach en la causa, cuando asistió como detenido a un funcionario de Calvià. Señaló que entró en esa declaración judicial para ejercer como intérprete porque no había en los juzgados, lo que provocó una oleada de preguntas al respecto de las acusaciones dado el papel clave que jugó Bover en el 'caso Cursach' y su cercanía con juez y fiscal.

El juicio continúa mañana con la declaración del fiscal Anticorrupción, Juan Carrau.