1 de 2 | Gabriel Vallejo, concejal encargado de Mobilitat cuando salió a concurso el 'caso ORA', pasó tres días en calabozos policiales. | ALEX SEPULVEDA

Tres días arrestado

2 de 2 | Irene San Gil pasó un día en el calabozo policial antes de ser exculpada. | ALEX SEPULVEDA

Detenida
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Víctor Malagónpalma10/07/23 17:15
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«Es un mal día para cumplir años, igual se va usted a prisión». Los detenidos en el ‘caso ORA’ relataron al tribunal que juzga al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán sus detenciones con un elemento en común: los gritos y el tono amenazante del entonces representante del Ministerio Público. Juan Carlos Sastre, jefe de contratación en el Ajuntament, relató la escena previa a su declaración en el juzgado. Justo antes se había enviado a la cárcel a otro funcionario, Miguel Femenía. Subirán aludió a su cumpleaños y le dijo, según el testigo: «Según lo que declares, irás a prisión». El entonces detenido contó que su declaración no refleja lo que él sabía o quería trasmitir. «Yo no dije eso, ponían lo que les daba la gana. Yo lo que perseguía era salir en libertad. No se ni lo que dije».

Los dos exconcejales del Ajuntament de Palma detenidos en la operación, Irene San Gil y Gabriel Vallejo, hicieron también un relato similar de sus arrestos. Ambos coinciden en que no se les preguntó por su papel concreto en el contrato sino que, el fiscal y los policías que les interrogaron hacían afirmaciones sobre el amaño y buscaban confirmaciones y opiniones. «No me explicaron nunca por qué me detenían. Toda mi declaración se limitó a que diera mi opinión sobre actuaciones de los señores Femenía y Vidal (ambos funcionarios)», dijo. El esquema se repitió en varios interrogatorios, según los testigos que declararon ayer. Se les presentaban a los detenidos datos luego rebatidos como si fueran una prueba inapelable de irregularidades y se les pedía su opinión. Vallejo, pasó tres días en el calabozo y cuando fue interrogado: «Yo estaba aterrorizado y tenía delante al juez, al fiscal y los policías que daban por hecho que había un amaño en un concurso público. Me avergüenzo de haber dudado del señor Femenía, pero salí de ahí convencido de que alguien había metido mano. Hacían preguntas con la respuesta implícita».

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Vallejo fue el concejal encargado de la ORA. Declaró que se fió de los técnicos en la tramitación. También que le avisaron de lo que iba a pasar en su interrogatorio: «Mis abogados me dijeron que lo primero que iba a hacer Subirán era ponerse a gritar. Tardó dos minutos».

Rafael Vidal, también funcionario, centraba las sospechas de los ahora acusados por firmar durante un permiso de paternidad un informe técnico. En un momento dado, tras su declaración, testificó que su abogado salió del despacho de Penalva y se quedó con los investigadores. «Empezaron a acosarme. Subirán comenzó a decirme: ‘ellos (por Gijón) se van a ir de rositas y usted se va a ir a la cárcel’».

Los testigos refirieron consecuencias psicológicas y profesionales de estas detenciones, la mayor parte de ellas llevadas a cabo en sus puestos de trabajo. Una de las detenidas recordó que fue arrestada a la vez que su marido. «Me dirigieron mucho la declaración hacia Álvaro Gijón. Entonces se me ocurrió que era teniente de alcalde y que estaba en la junta de Gobierno. Pensé, a lo mejor, si digo eso se calman. Se les iluminó la mirada». Esta testigo, al igual que San Gil y otros de los detenidos fueron exculpados de forma automática y pasaron a ser testigos antes del archivo del caso.

El apunte

«Me cansé de corregir lo del beneficio industrial»

Uno de los indicios en los que insistieron los acusados para justificar las detenciones era el supuesto beneficio industrial desmedido del contrato, que cifraban en un 19 por ciento. El funcionario Juan Carlos Sastre dice que el dato era erróneo, que era un seis más un 13 de gasto corriente para la empresa. «Lo intenté corregir tres veces en mi declaración y siempre lo apuntaban al revés, la cuarta ya lo dejé por imposible».