Uno de los testigos criticó la falta de control por parte de Subirán y Penalva del informe judicial y sus errores. | ALEX SEPULVEDA

TW
3

Seis de los doce detenidos en la operación policial del ‘caso ORA’ coinciden en un relato similar de sus arrestos: los indicios con los que contaban los investigadores incluían graves errores administrativos, sus declaraciones fueron «tergiversadas» y casi todas ellas transcurrieron en un clima de gran tensión. La sesión del juicio al exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán fue la primera que entró de lleno en la acusación más grave contra ambas, que por sí sola implica más de un siglo de cárcel: los delitos de detención ilegal.

El funcionario Miguel Ángel Femenía, responsable del área de Mobilitat, fue una de las dos personas que ingresaron en prisión preventiva por el contrato, que más tarde fue archivado. En su declaración denunció que la investigación se basaba en errores y que se habían ignorado pruebas que desmentían el amaño: «Lo más triste es que tenían toda la documentación aquel día». Sin embargo, señala: «No me dejaron explicarme. Inmediatamente me cortaban, no querían escuchar mis respuestas». Añade que, en la jefatura de la Policía Nacional, el subinspector acusado le enseñó una hoja y le indicó que, si decía algo incriminador sobre Álvaro Gijón, podría pasar a ser testigo.

Noticias relacionadas

Entre los indicios que justificaron las detenciones y que fueron reafirmados en sus declaraciones por los acusados estaba un supuesto sobreprecio en el contrato. Femenía indicó que ignoraron que, en 2009 el contrato se había ampliado y que pasó a costar 30 millones, no los 18 que sostenían.
Tanto él como el resto de funcionarios dieron la misma explicación a otro de los indicios que detonaron las detenciones. El subinspector Miguel Ángel Blanco explicó que no le enviaron las actas de la mesa de contratación cuando pidió el expediente de la ORA a Cort. Los testigos, ayer, señalaron que las actas completas están en el libro de actas municipal y que, en cada contrato consta una certificación con el texto exacto de lo que se ha debatido. También explicaron por qué había diez personas en la mesa de contratación, algo que dijeron, era habitual. «Qué sentido tiene si se quiere manipular una mesa que haya más personas, tendría que haber menos», expresó uno.

Uno de los testigos, jefe de contratacion, calificó de «absolutamente contaminado» el informe policial. Relató que, el mismo día, fue detenida también su mujer y que los policías le enseñaban documentos y le decían «su mujer sí que lo tiene mal». Una ficha policial decía que, para conseguir que cantara se debía jugar con la libertad de su esposa. Sin embargo, matizó que no lo llegaron a hacer porque no llegó a declarar en la policía. «Si lo hubieran hecho, hubiera declarado lo que fuera». Tanto este detenido en aquel momento, como otros dos insistieron en una idea común. No se les preguntaba, ni en policía ni en el juzgado, por su participación concreta en el adjudicación de la ORA, sino que se hacían afirmaciones sobre el supuesto amaño que se atribuían a otras personas. Sobre las presiones los testigos fueron menos concretos. Reiteraron una frase que atribuyen a Blanco: «Vendrá llorando a pedir un pacto con el fiscal»

El apunte

Gritos de Subirán y coacciones a través de los arrestos

Las versiones de los testigos han sido dispares a la hora de relatar coacciones directas. La mayoría dijo sentirse coaccionado por el propio arresto y el tiempo pasado en el calabozo. «Me siento presionada porque estoy en un estado de abatimiento total, porque quiero demostrar que no se nada», dijo una de las funcionarias arrestadas. «Me sentí coaccionado desde mi detención hasta que se archivó la causa», añadió Femenía, que estuvo 21 días en prisión preventiva.