Copia del documento exhibido hoy por la Fiscalía en el juicio con el nombramiento de Carrau en noviembre de 2017.

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Juan Carrau no pudo declarar después de que su testifical fuera renunciada por la defensa de Penalva y Subirán. Sin embargo, el fiscal Tomás Herranz, aprovechó la declaración del secretario de Instrucción 12 para introducir los documentos sobre qué fiscal estaba designado para cada causa. Carrau fue designado el 30 de noviembre de 2017 «con el objeto de proporcionar apoyo al fiscal delegado en Baleares, D. Miguel Ángel Subirán». En esa fecha se habían llevado ya a cabo las principales detenciones en los casos ORA y Cursach y, de hecho, ya se había anunciado la recusación de Manuel Penalva.

El escrito del fisal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón acuerda que intervengan en el ‘caso Cursach’ Carrau y la fiscal Ana Lamas en respaldo de Sbuirán, que estaba designado para la causa desde noviembre de 2014. Según los documentos introducidos por el fiscal, otro decreto de marzo de 2016 ampliaba la designación del ahora acusado.

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El escrito acreditaría quién estaba nombrado y desmiente otro de los argumentos que dio Subirán: el de que él era un simple subordinado de Carrau. Argumentaba que este fiscal no necesitaba un decreto que le nombrara y que eso acreditaba que era su superior. El decreto indica un nombramiento «como apoyo».

Tanto Carrau como el juez Miquel Florit habían sido propuestos por el abogado defensor de Penalva y Subirán. Ambos acusado le reponsabilizaron de ejercer como fiscal en la causa al mismo nivel que ellos. Sin embargo, el fin de semana presentaron un escrito para renunciar a su declaración y al del primer instructor. La acusación que representa al policía Rafael Estarellas, el abogado Gerard Palmer, intentó que se mantuviera la declaración del fiscal. «Se pasaron su declaración haciendo manifestaciones de descargo con el señor Carrau y correspondería que pudiera declarar». El tribunal desestimó la petición al no guardar relación con esa acusación.

En la sesión del martes están citado a declarar varios abogados que intervinieron en la causa, entre ellos Antonio Martínez, que representaba a Bartolomé Sbert y que fue el primero en denunciar múltiples revelaciones del secreto de las actuaciones. También declararán, salvo cambios, funcionarios supuestamente presionados durante la instrucción.