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Pienso que la Policía Local de Palma, la comisaria del cuerpo y la regidora de Seguridad del Ayuntamiento de Palma nos están contando estrictamente la verdad sobre lo ocurrido en la madrugada del jueves en las inmediaciones de la plaza Atarazanas de Palma, cuando un joven italiano murió atropellado por un coche patrulla. Lo creo porque estas personas no comprometerían su credibilidad con una mentira, porque ningún efectivo de la Policía Local de Palma puede ser tan irresponsable como para provocar un accidente de este tipo, porque no tengo ninguna versión alternativa sólida y, también, porque este cuerpo municipal ya arrastra suficientes asuntos incómodos en su historia reciente, como para dejarse sumergir de nuevo en terrenos pantanosos.

Solo tengo un motivo para albergar alguna duda: el Ayuntamiento pareció intentar que la investigación de lo ocurrido la llevaran a cabo los propios compañeros de los afectados, bajo las órdenes de jefes que se supone tendrían que asumir algún tipo de responsabilidad política en caso de que algo se hubiera hecho mal. A mí la escena de un compañero de toda la vida preguntándole al afectado si lo ha hecho bien o mal, si bebió o no, o buscando la supuesta botella de bebida, me choca bastante; convierte el amaño en innecesariamente verosímil. Es lo único que me despierta sospechas porque cuando todo es transparente no se actúa así. Lo peor que el Ayuntamiento puede hacer con la verdad es estropearla con una investigación dudosa.

Nunca, cuando se pita un penalti en el fútbol, se consulta o se confirma la falta con la víctima o con el autor de la infracción; igual que nadie interrogaría al entrenador o al presidente sobre la culpabilidad; por las mismas razones por las que nadie se toma muy en serio los elogios entre familiares o amigos. Por eso mismo, una investigación sobre estos hechos no se encarga a los compañeros y amigos de los afectados, que conviven diariamente con los implicados. Incluso aunque fueran a decir la verdad, que seguro es el caso.

Es por respeto a la verdad que digo esto. Porque siendo todo cierto, que sean los amigos, compañeros y superiores jerárquicos quienes hagan la medición del alcohol, que certifiquen si el coche llevaba o no las luces de emergencia, o que comprueben los detalles de los hechos, arroja más dudas que certezas. Es casi una ofensa estética.

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Si yo fuera uno de los afectados, habría pedido que alguien ajeno al cuerpo me investigara, de la misma forma que un jugador al que de verdad le han hecho una falta siempre prefiere que sea el árbitro o el vídeo los que decidan. Así es como la verdad adquiere solidez; cuando es reconocida por alguien independiente.

Estos asuntos que afectan a los derechos humanos fundamentales y a las fuerzas de seguridad son muy delicados, sobre todo en una democracia. Por eso, en casi todos los países hay organismos independientes que se encargan de estudiar estos casos, para evitar la contaminación que se deriva de la amistad, del colegueo, del corporativismo del cuerpo o incluso de la subordinación jerárquica. Es comprensible que en Baleares no tengamos tal órgano, pero el Ayuntamiento debería haber propuesto otras soluciones. Por ejemplo, una comisión municipal o, tal vez, que fuera un cuerpo diferente como la Policía Nacional o la Guardia Civil, quienes llevaran a cabo estas pesquisas.

Para que la verdad sea creíble no solo tiene que ser verdadera sino que la han de defender y pregonar los que, además de jueces, no sean parte en el asunto.

Ha tenido que ser el juez el que haya introducido sentido común al encargar a la Guardia Civil que recopile la información. Lógico. Parece mentira que haya sido necesaria su intervención. Esperemos que eso termine por ser más convincente que lo que ha hecho el Ayuntamiento y la propia Policía Local, que únicamente se puede leer como un intento de ocultar lo que ocurrió.

Si no nos mentían, y yo no tengo por qué dudar, lo parecía.