La Fiscalía sostiene que los acusados se valieron de un comercio como tapadera para vender droga a terceras personas. | Redacción Sucesos

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Cinco hombres han negado este jueves en la Audiencia Provincial de Baleares haber traficado con cocaína y cannabis desde una frutería regentada por uno de ellos en el barrio de La Soledad y desde un piso. La Fiscalía pide para cada uno de ellos ocho años y nueve meses de cárcel. El juicio ha arrancado este viernes en la Audiencia Provincial de Baleares, por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Los acusados son cinco hombres de entre 54 y 40 años de edad, de nacionalidades colombiana y ecuatoriana. Uno de ellos estuvo en busca y captura y ha sido localizado y traído al juicio.

Tres de los acusados están directamente vinculados a la frutería y otros dos al piso. Estos dos grupos han negado conocerse entre sí, aunque la Policía les vio interactuar en diversas vigilancias. Uno de los procesados, en cuya habitación se encontró cocaína por valor de más de 4.000 euros y una báscula de precisión, ha asegurado que la droga era para consumo propio. En cuanto al propietario de la frutería y otras dos personas que trabajaron allí, han rechazado que desde el local vendiesen droga. La Policía encontró varias papelinas en el mostrador.

La Fiscalía sostiene que los acusados se valieron de una frutería de Pere Garau como tapadera para vender droga a terceras personas, camuflándola con los clientes que acudían comprar al local. En una vigilancias policiales, los agentes pudieron comprobar cómo en la frutería se vendía droga, al interceptar a los clientes a su salida. En octubre de 2020 la Policía registró el local y un domicilio de los acusados, donde hallaron cocaína y útiles para la preparación de la droga. Además de la pena de cárcel, el fiscal pide para cada uno de los acusados una multa de 9.300 euros. Para dos de los procesados la Fiscalía solicita también la expulsión del territorio nacional una vez hayan cumplido tres cuartas partes de la condena de prisión. Uno de los procesados, sin antecedentes penales, tenía solicitada protección internacional de asilo en España.