La concejala Angélica Pastor, el exdirector de Área de la Policía Local Martí Capó y otro asesor declararon ayer en los juzgados como investigados a raíz de una querella por revelación de secretos vinculada con la grabación clandestina que realizaron en una reunión con periodistas de ‘Ultima Hora’. | A. Sepúlveda

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Los tres magistrados del TSJIB que tienen la última palabra sobre el futuro del juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán tienen ya encima de la mesa 27 recursos para ampliar la acusación por la que ambos se sentarán en el banquillo de los acusados. Todos los plazos para presentar apelaciones han terminado ya y el asunto está pendiente de la decisión de la Sala.

La Fiscalía y el resto de acusaciones personadas en la causa por las irregularidades en la instrucción del ‘caso Cursach’ piden poder juzgar a Penalva y Subirán por delitos como detención ilegal, prevaricación y coacciones a testigos. El magistrado instructor, Carlos Gómez, cerró en dos ocasiones la causa y acordó el sobreseimiento libre de los delitos más graves. Sólo aprecia indicios de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. El criterio de Anticorrupción es diametralmente opuesto. El ministerio público considera que los mensajes de whatsApp entre juez, fiscal y los agentes del grupo de blanqueo acreditan que se manipularon actuaciones para imponer detenciones y medidas de prisión provisional. Incluye entre las detenciones ilegales las del ‘caso IME’ y las de la familia del exconcejal Álvaro Gijón.

Los recursos de las acusaciones particulares siguen una línea similar. Todos consideran prematura el archivo y que el instructor se ha excedido y suplantado decisiones que debía tomar un tribunal durante un juicio. La Sala ya ordenó una reapertura del caso para ampliar las investigaciones a una posible coacción a testigos que también se archivó. La Sala, formada por Pedro Barceló, Antoni Terrasa y Pablo Delfont, también tendrá que decidir sobre el archivo de la causa para Subirán por su salud.