La operación policial contra este empresario se llevó a cabo en febrero de 2015. | A. Sepúlveda

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La Fiscalía pide penas que suman 55 años de cárcel para los once acusados por la trama de corrupción policial en la platja de Palma. Fue el capítulo con el que se abrió la causa por corrupción en la Policía Local de Palma que desembocó en el ‘caso Cursach’ y es la última pieza que ha llegado a la Audiencia Provincial para ser juzgada.

Esta parte de la macrocausa aborda las actividades del empresario Miquel Pascual Bibiloni, que fue detenido en el año 2015 junto a varios agentes de la Policía Local. La calificación de la Fiscalía Anticorrupción sostiene que nueve agentes, de la Patrulla Verde y del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), además de un funcionario municipal, beneficiaron de forma continuada durante al menos ocho años al empresario.

A cambio, éste les permitía consumir gratis en sus locales, lo que incluía servicios sexuales en locales de alterne. El núcleo de la acusación es muy similar al de la causa que permanece a la espera de juicio contra otro empresario de la noche: Bartolomé Cursach.

Patrulla Verde

Según la calificación, uno de los implicados, subinspector de la Patrulla Verde, avisaba de inspecciones al empresario. Se le acusa además de impedir que se tramitaran determinadas denuncias que afectaban a estos locales.

En torno al funcionario municipal, la calificación de la Fiscalía, firmada por el fiscal Juan Carrau, le acusa de haber intervenido en varios expedientes municipales de obras relativos al empresario al tiempo que recibía también consumiciones y favores sexuales.

En torno a los agentes del GAP, la acusación se centra en que toda la actuación de uno de los grupos se centraban en dar seguridad a los locales de Pascual. Así, Anticorrupción señala que montaban guardia delante de ellos. Quedan fuera de la causa varios empleados del empresario.