La agente inmobiliaria, en el juicio celebrado esta mañana en la Audiencia de Palma. | Alejandro Sepúlveda

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Una agente inmobiliaria ha aceptado dos años de cárcel por estafar 60.000 euros a una septuagenaria en la compra de una casa en Palma. La acusada, de 27 años y nacionalidad española, se ha declarado culpable de un delito de estafa agravada en el juicio celebrado esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

El tribunal ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño como muy cualificada, ya que la encausada ha indemnizado a la víctima con 71.240 euros por el fraude y los daños morales. La joven, además, deberá pagar una multa de 1.440 euros y no podrá trabajar como agente inmobiliaria en los próximos tres años. El abogado defensor ha solicitado la suspensión de la pena de prisión y la fiscal no se ha opuesto con la condición de que la procesada, que carece de antecedentes penales, no cometa ningún delito en dos años.

Los hechos se remontan a finales de 2017. La víctima, de 70 años, acudió a la agencia inmobiliaria que regentaba la acusada para vender su vivienda ya que debía hacer frente a varias deudas. El 29 de diciembre de ese año, la joven medió en la venta de la casa, que se cerró por un importe de 80.000 euros tras el pago de las deudas y los gastos ocasionados.

La septuagenaria había quedado satisfecha con la venta y confió en la agente la adquisición de una nueva vivienda a un precio inferior, ya que solo disponía de los 80.000 euros obtenidos con la venta de su anterior casa. La procesada tenía conocimiento del dinero que tenía la anciana y su situación de necesidad, ya que no disponía de vivienda propia. La joven le informó en febrero de 2018 de que le podía ofrecer una casa por 60.000 euros, aunque precisaba de importantes reformas.

La acusada, según el escrito de la Fiscalía, urdió un plan para engañar a la víctima, puesto que la vivienda era heredada y pertenecía a varias personas, algunas de las cuales no residían en España. El 8 de febrero, la agente inmobiliaria cambió el contrato de compraventa y urgió a la víctima a firmarlo de forma apresurada. En el acuerdo constaba que se vendía la treceava parte indivisible de una vivienda por un importe de 60.000 euros.

El ministerio público sostiene que la joven se aprovechó de la avanzada edad de la mujer, que tiene escasos estudios y dificultades para leer y escribir. La encausada se había ganado su confianza por las gestiones efectuadas con anterioridad. En el momento de acudir al notario para elevar la escritura pública se constató que la compraventa no guardaba relación con lo acordado.

A lo largo del proceso de adquisición de la vivienda, la víctima llegó a entregar a la agente inmobiliaria más de 44.000 euros en ingresos o cheques. La perjudicada tuvo que alquilar un trastero para guardar sus muebles, ya que se vio obligada a convivir con su hija al carecer de casa propia. La denunciante, a consecuencia de estos hechos, sufrió una situación continua de ansiedad y depresión que requirió de tratamiento médico.