La operación policial con la que arrancó este caso se produjo en 2015. | Jaume Morey

La última gran pieza que quedaba en los juzgados de Instrucción de Palma de la causa por corrupción policial que desembocó en el ‘caso Cursach’ está terminada. El juez Antoni Garcías ha dictado un auto en el que inicia los trámites para juzgar al empresario Miguel Pascual Bibiloni, a dos de sus empleados, diez policías locales de Palma y un funcionario del área de Urbanismo. Del auto quedan fuera los exconcejales del Partido Popular José María Rodríguez y Álvaro Gijón: a ambos se les incluyó en esta causa por el testimonio de la madame. Tras el completo descrédito de las declaraciones de esta y su imputación por falso testimonio en el TSJB, esta parte de la trama queda cerrada y no llegará a juicio. Con esta decisión ambos quedan definitivamente exculpados en la macro causa y ya no están en ninguna otra pieza separada.

En el auto, el magistrado apunta a la existencia de indicios suficientes de que Pascual, propietario de varios locales en Platja de Palma, contaba con la colaboración de una unidad policial: el GAP 2, al que pertenece la mayoría de los agentes encausados. Así, señala que estos policías avisaban de inspecciones, cuidaban la seguridad de estos locales y que, a cambio, obtenían contraprestaciones tales como servicios sexuales o consumiciones. Se trata de una de las primeras ramas de la investigación que se abordó, antes de que asumiera el caso el juez Manuel Penalva y cuando intervenían otras unidades policiales más allá del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Sin embargo, durante cuatro años permaneció en el mismo paquete que el resto de las investigaciones.

Esta actuación se desencadenó en el mes de enero de 2015, unos meses después de las primeras operaciones en torno a la policía local de Calvià. Fueron arrestados los policías investigados y el empresario, quien quedó en libertad tras el pago de una fianza de 125.000 euros. También tres de los agentes tuvieron que abonar cauciones para quedar en libertad.

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En paralelo, esta actuación llevó a la apertura de un juicio oral a Pascual por delitos de prostitución, que terminó en absolución después de que las testigos que tenían que comparecer se negaran a declarar. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que presentar su acusación provisional.

Cuatro juicios pendientes y el ‘caso WhastApp’

Con el avance de esta pieza serán cuatro los juicios que tiene pendientes de celebrar la Audiencia Provincial: éste y los que siguen al supuesto amaño de oposiciones, la trama de Calvià y el grueso del ‘caso Cursach’, el único que ya tiene tribunal asignado, aunque aún tardará meses en celebrarse. En el TSJB se instruye el ‘caso WhatsApp’ por las irregularidades en la instrucción.