PALMA. TRIBUNALES. CASO CURSACH. La `madame¿ planta al TSJB y se excusa en que no tiene medios para llegar a la Isla. Los dos fiscales anticorrupción, Tomás Herranz y Fernando Bermejo. MAS FOTOS EN EL DISCO DEL 18-06-2020 | [ALEJANDRO SEPULVEDA ]

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La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido tres de las últimas decisiones del magistrado del TSJB, Carlos Gómez, en un evidente choque entre ambos actores en la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el exfiscal Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva en la instrucción del ‘caso Cursach'. Es poco frecuente que el ministerio público recurra contra decisiones de un juez durante una instrucción y, en este caso, son al menos tres las decisiones de las que los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo discrepan: en las tres, Gómez, rechazaba que comparecieran encausados o testigos.

La primera colisión se produjo por la decisión del juez de enviar a un juzgado distinto el informe policial que revelaba las mentiras de un testigo protegido, ‘el Trilero'. El juez sostiene que el testigo mintió pero que no hay indicios de que lo hiciera inducido por Penalva y Subirán. Los fiscales discrepan y han elevado el asunto a la Sala de lo Penal del TSJB. En su recurso sostienen que la toma de posición realizada por el magistrado «resulta apriorística y contraria a la finalidad de todo proceso penal de averiguar la verdad, pues esta no puede llegar a conocerse sin una verdadera investigación».

Las otras dos decisiones que se combaten también tienen que ver con la postura del magistrado contraria a ampliar el número de pruebas. El ministerio público ha llegado a plantear un recurso de queja después de que Gómez inadmitiera un segundo recurso. En este caso, el juez rechazó tomar declaración a uno de los policías del Grupo de Blanqueo que están investigados en el caso. Este agente ya puso sobre la mesa zonas oscuras en la actuación de Penalva y Subirán en una declaración policial y pedía declarar por primera vez como investigado para aportar nuevos datos. Los fiscales sostienen que se tiene la obligación de tomar declaración a un investigado cada vez que lo pida, un criterio que no mantiene el instructor.

La tercera prueba que fue desestimada por el instructor ha sido la testifical del director general de IB-3 sobre una entrevista a un testigo protegido emitida por la televisión.