Por primera vez, un juez es juzgado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Miquel Florit, anterior instructor del ‘caso Cursach’, se sienta en el banquillo acusado de un delito de prevaricación y otros contra el secreto profesional por la serie de autos que desembocó en el que ordenaba la incautación de los móviles de dos periodistas.

Las acusaciones particulares (Europa Press, Diario de Mallorca, Efe, la Asociación de Medios de Información y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre) reclaman una inhabilitación de 42 años para Florit. Como el magistrado está ya jubilado esa condena no se ejecutaría. Además se le pide una indemnización de 30.000 euros para Mestre. La Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman la absolución de Florit.

Florit ya ha llegado con tiempo al patio del edificio judicial, acompañado por su abogado, Josep Zaforteza, dos fiscales veteranos y la jueza decana, Sonia Vidal, que han acudido al juicio para apoyarle. Observa el patio del edificio judicial, repleto de periodistas, mientras fuma.

Minutos antes de las diez, han entrado a la sala, donde ya han comenzado con las cuestiones previas y han renunciado a una médico y al representante legal de la agencia EFE, que iban a declarar como testigos. En torno a las 10:15 horas, ha comenzado el turno de declaración de Florit, quien se ha negado a contestar a las preguntas de las acusaciones particulares.

Noticias relacionadas

El juez ha respondido a las cuestiones planteadas por el fiscal jefe Bartomeu Barceló y le ha contado: «Se publicó en prensa un informe policial en un momento en que el escrito no lo conocía nadie. Ni siquiera yo mismo. Solo tenía información verbal del entonces jefe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional». Los abogados tampoco conocían el contenido del informe, ha explicado Florit, quien decidió entonces «incoar unas diligencias por un presunto delito de revelación de secretos».

El presidente del TSJB, Antoni Terrasa y los magistrados Carlos Gómez y Pedro Barceló, tendrán que decidir si el juez cometió un delito dentro de una investigación por revelación de secretos. Para averiguar quién había difundido un informe sobre supuestos delitos fiscales, causa que fue finalmente archivada, se accedió al listado de llamadas telefónicas de tres periodistas.

Tras comprobar las comunicaciones entre dos de éstos y agentes del Grupo de Blanqueo, se ordenó incautar material informático. Ese auto, por el que se obtuvieron dos móviles y material informático en diciembre de 2018, fue dejado sin efecto por Florit tras la polémica. El avance de esa investigación por revelación de secretos llevó a la aparición de los wasaps y a la imputación de otro juez, Manuel Penalva.

El fiscal jefe Anticorrupción, testigo clave

El juicio está previsto que se celebre entero este jueves. Declararán como testigos, además de los dos periodistas denunciantes, los dos inspectores de la Policía Nacional que han investigado a Penalva y Subirán, el fiscal Juan Carrau, que llegó a estar imputado en esta causa y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que autorizó las medidas.