Miguel Ángel Subirán y Manuel Penalva, en una imagen de archivo a las puertas de los juzgados de Vía Alemania de Palma. | Alejandro Sepúlveda

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Mensaje a quien corresponda. La defensa del juez Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán avisa en su último escrito sobre los mensajes de WhatsApp de otros jueces. El documento, registrado el 14 de enero, es un recurso contra el envío al TSJB de la causa contra ellos por cuatro delitos, una decisión que adoptó la magistrada que instruye el caso el pasado viernes. Esa exposición razonada incluye un delito de detención ilegal porque en los mensajes de Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo se daba a entender que se retrasaba la declaración de un testigo para poder justificar las prisiones preventivas del ‘caso ORA’.

El abogado del juez y el fiscal niega que se manipulara esa prueba y señala que «no puede valorarse un chat». En ese contexto añaden este párrafo: «Otra interpretación conduciría al absurdo de concluir que por ejemplo, si un magistrado ponente de la Audiencia tiene sobre la mesa la petición de libertad de un preso preventivo y en su chat privado dice por ejemplo: ‘Ya lo resolveré en un par de días porque ahora tengo familiares en casa y no me da tiempo’ o ‘que se joda, total es un narcotraficante peligroso y primero está mi familia’ o similar, estaría cometiendo una detención ilegal».

En otros escritos presentados en la causa, el abogado de Penalva y Subirán, Javier Barinaga, ha incluido mensajes menos crípticos. El fiscal ha aportado grabaciones de conversaciones suyas con uno de los agentes de Blanqueo y con otro miembro del ministerio público. En un escrito del pasado mes de noviembre, el letrado señalaba que existían más grabaciones «de más personas, de más arriba, con las consecuencias que ello implicará» y añadía que «por templanza y esperanza de cordura» no las aportaría por el momento. Advertía que: «Si este letrado lo tiene que hacer, las irá aportando, muy a su pesar».

El Tribunal Superior de Justicia recibió el pasado viernes la exposición razonada en el que se le pide que asume la instrucción ante los indicios de delito sobre dos aforados: Penalva y Subirán. Este escrito está pendiente de respuesta por parte del TSJB pero formalmente, no puede ser recurrido. Así, lo que atacan los dos investigados es la diligencia del secretario judicial por la que se envía ese documento.

El recurso niega que ninguno de ellos filtrara información relacionada con el ‘caso Cursach’ y sus derivadas y señalan que otros medios publicaron con anterioridad algunos de los datos cuya revelación se les imputa: «No deja de ser llamativo que, según las tesis policiales, sean mis mandantes (Penalva y Subirán) quienes filtren a un periodista que suele ser el último en publicar noticias, respecto a otros compañeros que lo han hecho con anterioridad». También señalan que algunos de los hechos que se les imputan fueron publicados cuando no estaban declarados bajo secreto.

Detenciones ilegales

Sobre las detenciones ilegales argumentan que se llevaron a cabo una serie de diligencias que eran necesarias para la investigación y que se intentó que esas prisiones preventivas fueran lo más breves posibles. Además señalan que se trataba de una decisión justificada ante el riesgo de que los investigados (un empresario y dos funcionarios municipales) destruyeran pruebas del caso.

La defensa critica que se no hayan llevado a cabo varias testificales. La juez las rechazó y señala en su exposición que para que la investigación avance con normalidad es necesario que los dos aforados puedan declarar.