Los jueces Enrique Morell, Antoni Rotger y Antoni Garcías, los tres que se han abstenido. | Redacción Sucesos

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La lista de jueces de instrucción de Palma sigue corriendo. Ya son tres los que se abstienen de instruir la causa contra el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías del Grupo de Blanqueo por supuestos delitos en la instrucción del ‘caso Cursach’. El último, el juez Enrique Morell, magistrado titular del Juzgado de Instrucción 9. Antes lo habían hecho los jueces del 7, Antoni Garcías y del 8, Antoni Rotger. La siguiente a la que, por lista, le corresponde asumir la causa es la titular del 10, Carmen Abrines.

La decisión de Morell se fundamenta en la existencia de «amistad manifiesta» respecto al juez Penalva y a una inspectora de policía investigada. Sobre el primero recoge: «Ha sido compañero de trabajo durante las dos últimas décadas, manteniendo un trato frecuente, personal y familiar y unos vínculos que exceden las usuales relaciones de profesionales. Se trata de una amistad que considero que puede calificarse de íntima». Se une en este motivo a Rotger. El de Garcías es diferente, la letrada de la administración de justicia de su juzgado está casada con un investigado en la macro causa.

Así, por el momento, nadie coge el testigo del juez Miquel Florit, que tras instruir durante más de un año el ‘caso Cursach’, ordenar la investigación por revelación de secretos e intentar elevarla en dos ocasiones al Tribunal Superior de Justicia, se dio de baja. Florit sí está investigado en el TSJB por incautar los teléfonos de dos periodistas en el ‘caso Móviles’.

El magistrado que asuma la causa tendrá que volver a decidir si la eleva al TSJB después de que, la semana pasada, la Sala lo devolviera por un problema formal. El ‘caso WhatsApp’, de momento, sigue suspendido.

Jueces diferentes

Tras la recusación de Penalva y la baja de Florit, el ‘caso Cursach’ y sus piezas quedarán diseminadas en diferentes instructores.

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Por el momento, el juez Antoni Garcías se hará cargo de los casos ORA e IME y las distintas piezas relacionadas con corrupción policial esperan que se aclare su estado.