Policías locales detenidos o imputados han recordado que tras darse de baja tuvieron que depositar su arma reglamentaria y denuncian que si el juez y el fiscal no lo hacen «sería un agravio comparativo muy serio, además que vulneraría la Ley». El pasado 10 de noviembre de 2015 Subirán presentó una dura alegación en la delegación del Gobierno para que le concedieran una pistola, a pesar de que las autoridades se la denegaron en un primer informe. El representante de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora se enfrenta a diez delitos tras el informe de la Policía Nacional, denunció que había sufrido «seguimientos» por parte de algunos imputados y lanzó un dardo a la delegada del Gobierno de entonces, Teresa Palmer: «No me referiré a la totalidad de las causas relacionadas con el crimen organizado en las que he intervenido, sino sólo a la última de ellas que se sigue en el juzgado de Instrucción número 12 y que parece ser desconocida para alguno de los informantes». El tono chulesco de Subirán, dirigiéndose a la Delegación del Gobierno, sentó muy mal en aquella época. El polémico fiscal añadió que «quiero que este escrito sirva de advertencia» a los que firmaron el primer informe desfavorable «y asuman las responsabilidades personalmente».
Para acreditar la situación de riesgo extremo en la que según él se encontraba, Subirán enumeró una serie de incidentes: «Durante ejercicios de tiro con fuego real, policías imputados amenazan con las armas a otros compañeros policías, testigos en las causas».
Aseguró, también, que había sufrido «seguimientos al fiscal que suscribe por parte de policías locales imputados y sospechas de que han sido autores de atentados contra bienes materiales de mi propiedad, incluido mi domicilio».
El exjuez del ‘caso Cursach’ también escribió a la delegada del Gobierno en unos términos duros: «Espero y confío sinceramente que no tengamos que lamentar en el futuro hechos de los que ya estoy advirtiendo por escrito que pueden ocurrir y respecto del que cada uno, en el ámbito de su competencia, deberá asumir la responsabilidad que le corresponda».
Finalmente, tanto Penalva como Subirán fueron autorizados por la Guardia Civil a ir armados y desde entonces siempre se han movido con una pistola en la riñonera. Además, Subirán contaba con una amplia escolta de policías nacionales, que en varias ocasiones se quejaron de sus excentricidades. De hecho, desde la Jefatura se elevó un informe muy crítico con él a la Dirección General.
Ahora, con ambos altos funcionarios de baja, la Delegación del Gobierno espera que entreguen sus armas. En caso contrario, se las reclamarán.
5 comentarios
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Nunca podran sufrir lo mismo que los amigos y compañeros encarcelados por la pura jeta, ellos si que han tomado acciones, y cuando sabes que la has liado y te han pillado, ya estas preparado para esa posibilidad...ademas, la opnion publica no descargara bilis contra todos los fiscales....los policias no imputados tambien hemos sufrido (no tanto claro) y pasado miedo, ?llamaran a mi puerta mañana?.... El daño que han ocasionado es tan grande que es imposible de cuantificar.
Si no las entregan y tienen que entregarlas, estan con otro delito en ciernes, TENIENZA ILICITAS DE ARMAS
que vergüenza de juez y fiscal
Ostras habrá que imputar al médico que les ha dado la baja, porque no es posible que un médico de la baja así como así. Es lo mismo que hicieron ellos con otro médico de buena reputación al que arruinaron la vida y que aún no se ha recuperado del disgusto que le dieron.
Ya estaban tardando, no me gustaría que ninguno de los 2 se hiciese pupita y se ahorrasen la vergüenza pública, solo les deseo el mismo dolor, angustia, y sufrimiento que han pasado los policías injustamente encarcelados, ni más ni menos.....