La Policía Nacional hizo su informe en base a documentación intervenida al grupo. | Alejandro Sepúlveda

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De 51 millones de fraude a cero. La Agencia Tributaria rebate al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Un contundente informe de Hacienda ha llevado a que el juez instructor del caso, Miquel Florit, descarte un delito fiscal por parte del Grupo Cursach.

El magistrado abrió el pasado verano una pieza separada y secreta en la causa después de que la policía entregara un voluminoso estudio de 500 folios. En él se estimaba que el Grupo Cursach había ocultado al fisco 51 millones de euros. Hacienda lo descarta de base y plantea la existencia de errores básicos en el documento policial. A la vista del criterio de los inspectores tributarios, el magistrado ha levantado el secreto de esta pieza y archivado la parte de delito fiscal. Las actuaciones continuarán por un delito contra los trabajadores por supuestos impagos a la Seguridad Social.

La policía llegó a pedir en su informe del pasado verano la detención de la cúpula del grupo. En total solicitaban 18 arrestos, entre ellos el de Bartolomé Cursach, el ‘número dos’ del grupo, Bartolomé Sbert, el actual director general, Miguel Pérez Marsá y otros directivos de los diferentes restaurantes y locales del conglomerado empresarial. La decisión del magistrado fue pedir que estas personas fueran interrogadas por la policía sin detención y, en paralelo, solicitar un informe a la Agencia Tributaria.

El cálculo policial se basaba en buena parte en el dinero que recogía en efectivo la empresa Prosegur cada noche en los locales. Señalaban que ese dinero estaba por encima de las cantidades declaradas por el grupo. La Agencia Tributaria, que ya había sometido previamente a inspección al grupo, señala que los cálculos policiales no tienen en cuenta que el grupo declara beneficios, no el arqueo de caja y que hay que descontar a esas cantidades gastos y el IVA. Así, las cuentas que llevan a cabo los inspectores fiscales descartan que se hayan producido los 38 posibles delitos fiscales a los que aludía la Policía Nacional en el informe que dio pie a esta pieza.