El juez Penalva, que fue apartado de la instrucción del ‘caso Cursach’. | Redacción Sucesos

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La recién creada Asociación de Víctimas por las Arbitrariedades Judiciales está analizando de forma pormenorizada toda la instrucción de la presunta trama de corrupción de policías y empresarios del ocio en Palma para detectar posibles delitos cometidos por los investigadores.

Según los fundadores de la asociación, su objeto no es interferir o colisionar con la instrucción del caso, ahora en manos del magistrado Miquel Florit, sino sobre determinadas actuaciones de su antecesor, Manuel Penalva, y del fiscal Miguel Ángel Subirán. De hecho, ya han detectado posibles «arbitrariedades y anomalías judiciales» que serán puestas en conocimiento de la propia administración de justicia. Así, y por ejemplo, acusan a Penalva y Subirán de presionar a testigos e imputados en la causa.

Querellas

«En los próximos meses interpondremos una serie de querellas, todas ellas muy bien argumentadas, donde recogeremos una serie de presiones y coacciones detectadas sobre testigos e imputados. Existen personas que en su calidad de investigadas eran enviadas de nuevo a los calabozos para que ‘reflexionaran’, si no iban por la línea de los investigadores. Otros acusados o testigos, si no decían lo que querían escuchar los instructores, eran amenazados con imputarles delitos de falso testimonio», destaca uno de responsables de la asociación.

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Destierros

Por otro lado, la asociación prevé denunciar también el presunto trato discriminatorio y el destierro al que fueron sometidos una serie de policías locales de Palma. «No sólo se les envió a prisión preventiva de manera más que discutible, sino que además los enviaron a cárceles de la Península alejados de sus seres queridos», añaden las fuentes consultadas.
Los responsables de la asociación dicen disponer de pruebas, grabaciones y testificales que dan consistencia a sus acusaciones.

La primera de las querellas es un episodio registrado en el cuartel de San Fernando. Un oficial amenazó de muerte a la jueza Carmen González (primera instructora de la causa) y al fiscal Subirán. Fruto de aquel altercado, durante meses, el juez hizo constar en sus autos dichas amenazas. Finalmente, las testificales de todos los mandos allí presentes desmontaron el relato y las supuestas amenazas de muerte.

La nueva organización, cuyo origen fue el Movimiento 27N, no estará constituida, sin embargo, sólo por policías locales imputados en el ‘caso Cursach’. También se podrán afiliar aquellos investigados o perjudicados que consideren que se han vulnerado sus derechos constitucionales durante la instrucción. La razón de ser de esta asociación son las «abominables irregularidades» que supuestamente habrían cometido Penalva y Subirán.