Imagen del juicio. | Alejandro Sepúlveda

La Audiencia Provincial sentencia que la policía local Sonia Vivas sufrió vejaciones homófobas por parte de dos de sus compañeros de la unidad motorizada, Rafael Puigrós y Alberto Juan Llaneras. Sin embargo, ambos agentes han sido absueltos porque el tribunal sentencia que estos hechos están prescritos. Sí condena a Puigros a penas que suman cuatro años y medio de cárcel y a dos años a Juan por emprender una campaña con la finalidad de «amendrentar y escarmentar» a Vivas que incluyó, en el caso del primero, acusarla de forma falsa de haber torturado a un detenido y, en el caso de ambos, de buscar testigos falsos para intimidarla.

También se les absuelve de haber atentado contra bienes de la policía que les denunció porque, aunque las magistradas entienden que la agente sufrió varios ataques no hay pruebas de que fueran los dos acusados los autores.

El que queda absuelto por motivos de fondo, no sólo por prescripción, es el comisario Rafael Estarellas. La sentencia entiende que no ha quedado demostrado que conociera los abusos que sufría la agente en la unidad de la que estaba al mando y, de esta forma, desdestima la petición de tres años y medio que formulaba la Fiscalía en su contra. El mando policial estuvo en prisión preventiva a raíz de ser imputado en esta pieza separada.

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El ministerio público solicitaba penas de doce años y tres meses para Puigros y de ocho años y medio para Alberto Juan. Se trata de la primera sentencia que afecta a agentes de la Policía Local de Palma y que deriva del caso de corrupción en el cuerpo y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia y, más tarde, ante el Supremo.

Las tres magistradas sostienen en su resolución que los policías, «especialmente Puigrós, movidos por su odio y desprecio a la condición homosexual de Sonia Vivas» hacian continuos comentarios despectivos hacia ella, la llamaban «tijeritas», hacían chistes sobre lesbianas en su presencia y mantuvieron esa actitud durante meses. Esto ocurrió entre agosto de 2007 y diciembre de 2008. La policía tuvo que abandonar esa unidad.

En 2016, cuando arrancó la investigación por corrupción en el cuerpo, Vivas denunció la situación y lo hizo en primer lugar en una entrevista radiofónica. Los dos acusados la oyeron y, según la sentencia, «se sintieron aludidos». Desde ese momento iniciaron una campaña para desacreditar a la víctima. Así, se pusieron en contacto con una expareja suya a la que presionaron para que colaborara con ellos. La coaccionaron, según la sentencia, para que declarara en contra de Vivas.