Imagen de archivo de la Policía Nacional. | A. Sepúlveda

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El gerente de un restaurante de Bunyola fue detenido por supuesta explotación laboral, ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía Nacional.

La detención se produjo el pasado 26 de marzo a raíz de unas investigaciones iniciadas a finales de enero tras una denuncia presentada por un extrabajador del restaurante,

Este denunció que el responsable del restaurante, de 49 años, le había impuesto condiciones laborales que a su juicio perjudicaban, suprimían y restringían los derechos reconocidos por las disposiciones legales establecidas en los convenios colectivos del sector.

El exceso de horarios, falta de pago por incentivos acordados, horas extras, festivos, carencia de días libres y de vacaciones, y no dar de alta al empleado en el régimen general de la Seguridad Social eran algunas de las irregularidades.

En la misma denuncia, se hizo constar que en el restaurante un trabajador sufrió un infarto de miocardio, fue asistido por una ambulancia del 061 y la Policía Local, pero posteriormente el mismo, tuvo dificultades para que le reconociesen que se había producido en el lugar de trabajo.

La Policía Nacional ha indicado que comprobó la veracidad del relato con el mismo perjudicado, quien contó que a finales de enero estaba trabajando en la cocina del restaurante por la tarde, con el uniforme al uso, cuando le dio un principio de infarto de miocardio, fue trasladado al hospital Son Espases en ambulancia.

Horas más tardes, al despertar en la habitación del hospital se sorprendió al no vestir el uniforme de trabajo, por lo que dedujo que el responsable del restaurante le cambió de ropa para negar que el infarto se había producido en horario laboral.

De hecho, según su versión, cuando salió del hospital fue blanco de amenazas y coacciones por parte de su jefe, quien afirmaba que él no estaba en horario laboral a la vez que le negó cualquier tipo de relación laboral.

Varios agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social realizaron una inspección conjunta que una vez completada, con la correspondiente revisión documental, se concluyó la concurrencia de hechos que pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo que motivó la remisión del expediente administrativo al Ministerio Fiscal.