La sección segunda de la Audiencia de Palma ha señalado del 11 al 14 de junio el juicio a tres policías locales de Palma para quienes la Fiscalía solicita penas que suman 21 años y 9 meses de cárcel acusados de diversos delitos por vejar, presuntamente, a una compañera por su condición de lesbiana.
El tribunal ha acogido este lunes una vista previa en la que las partes han abordado cuestiones organizativas de cara al juicio y han concretado algunas de las pruebas que plantearán en la vista oral de esta pieza separada, desgajada del llamado caso Policía Local sobre una presunta trama corrupta en dicho cuerpo de seguridad. En la vista previa no ha habido acuerdo entre acusaciones y defensas por lo que se celebrará el juicio.
Los tres policías, un comisario y dos agentes, están acusados de delitos contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir ilegalidades, lesiones psíquicas, denuncia falsa, falso testimonio, intento de presentar testigos fraudulentos y contra la administración de justicia.
Los hechos que se juzgarán ocurrieron presuntamente a partir de 2007, cuando los acusados eran compañeros en la unidad motorizada de la Policía Local y se concertaron para «humillar, menospreciar y ridiculizar» a otra colega «movidos por su odio y desprecio a la condición homosexual» de su víctima, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
Insultos y mofas
Según el fiscal y la acusación particular, se sucedieron los insultos directos y mofas en público contra la policía, a la que desincharon las ruedas de su moto y le rompieron huevos sobre el vehículo.
Además, en 2009, la agente se dirigió al comisario acusado, entonces responsable de la unidad que compartía con los otros dos encausados, quien en lugar de investigar su denuncia y protegerla la animó a cambiar de destino.
Las acusaciones también creen que los acusados intentaron sin éxito que dos compañeros agentes municipales avalaran unos falsos malos tratos por parte de la víctima a un detenido en el cuartel de San Fernando, unos hechos que uno de los acusados llegó a denunciar en un juzgado.
Durante la vista previa, el fiscal y la acusación particular han anunciado que presentarán informes de dos psicólogos y un psiquiatra que han hecho seguimiento del padecimiento de la víctima. El tribunal ha acordado que deberán presentar esos informes con un mes de antelación al juicio, para que las defensas puedan disponer de ellos y en su caso rebatirlos.
La Fiscalía ha pedido además la declaración de un testigo protegido de la causa principal de la Policía Local y que el tribunal adopte medidas para que pueda declarar sin contacto visual con los acusados.
Entre los nuevos testigos planteados por las defensas figura el actual jefe de Policía Local, Josep Palouziè, y del exsubinspector Martí Capó.
La magistrada Carmen González ha señalado durante la vista previa que ella fue instructora de la causa principal durante dos años pero de los hechos objeto de acusación el día de autos no tuvo conocimiento por lo que aquella labor no tiene trascendencia a efectos de constitución del tribunal.
Acusaciones
Uno de los policías está acusado de delitos contra la integridad moral, lesiones, denuncia falsa, falso testimonio, tentativa de presentación de testigos falsos y contra la administración de justicia y la Fiscalía reclama para él 10 años y 9 meses de cárcel.
El otro agente se enfrenta a una petición de pena de 6 años y medio de prisión por delitos contra la integridad moral, lesiones y contra la administración de justicia, mientras que el comisario está acusado de delito contra la integridad moral y lesiones y la petición de pena en su contra es de 4 años y medio.
Para fijar las penas que pide, la Fiscalía aplica la agravante de actuación por motivos de discriminación por orientación sexual.
5 comentarios
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Detrás de mucha denuncia hay escaqueo o todo menos agresión verbal o sexual.
Piden para el mas implicado 10 años!!!!......jajajjajaa, que justicia mas ridícula.....o sea, lo mismo que para un homicidio, vaya, vaya....y luego quieren que creamos en la justicia o en las leyes....
Ohh comisario y el juicio no se puede amañar.
Y estos son los que tienen que proteger los derechos colectivos.
Me temo que nos hemos vuelto locos, viendo las penas que pide el fiscal de ser cierto, pero se basa en pura suposición. Creo que la justicia populista, esa que aplicamos en algunos temas se ha pasado de rosca.