El acusado de agredir a un testigo del 'caso Cursach' dice que no le conoce. | Guillermo Esteban

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El fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán ha mantenido este jueves la petición de cuatro años y medio de prisión para el acusado de agredir a un testigo protegido del 'caso Cursach' por un delito de lesiones y otro continuado de obstrucción a la justicia, mientras que ha aumentado la indemnización solicitada para la víctima de 6.000 a 8.000 euros.

Asimismo, la Fiscalía ha recordado que el acusado tiene antecedentes penales -por agresión sexual y conducción bajo los efectos de alcohol o drogas- por los que fue condenado, si bien se le concedió una suspensión de la condena. Por ello, el fiscal ha pedido la revisión de este beneficio si recae sentencia condenatoria, al haber vuelto a delinquir.

Por su parte, el abogado defensor, José Ignacio Herrero, se ha opuesto a esta petición y en su alegato final ha denunciado lo que a su juicio constituiría una vulneración de los derechos de su cliente, por el modo en el que se ha instruido la pieza.

El fiscal considera acreditados los delitos

El fiscal considera que los delitos de los que está acusado este ciudadano rumano «han quedado suficientemente acreditados». Cree que «no se puede cuestionar» que al testigo «le dieron una paliza en el párking de su casa» y que no hay «ninguna contradicción» en su relato.

Según el fiscal, cuando el testigo llegó al garaje, se bajó del vehículo y se dirigía a la puerta de entrada a la finca, fue abordado por dos individuos que lo arrastraron por el suelo, le dieron patadas y le dijeron que si seguía «jodiendo» a otro compatriota rumano -al declarar contra él- y si iba a juicio lo iban a matar.

La acusación pública también ha recalcado que los policías que se personaron en la vivienda se percataron de que la puerta del recinto de la finca estaba abierta y la del portal estaba rota, por lo que «se podía entrar muy fácilmente al garaje». En este sentido, ha matizado que no están imputando al acusado la rotura de la cerradura, sino que se limitan a señalar la facilitad con la que podía acceder al garaje.

Asimismo, el fiscal ha insistido en la importancia de que el objetivo de la agresión fue conseguir que el testigo no declarara contra un investigado en la macrocausa y que ya había visto al acusado merodear por las inmediaciones de su domicilio.

Por otro lado ha subrayado el testimonio de su compañera de piso -que asegura haber visto al acusado dentro del recinto de la finca-, a quien «no se le ha perdido nada» en la causa, y que se ha mudado porque temía por su propia seguridad.

En cuanto a los informes periciales, Subirán ha recalcado que los médicos coinciden en que el relato de la víctima es «coherente», que «merece mucha credibilidad» y que mantiene «intacto su razonamiento».

Acusa a los compañeros de piso de mentir

Sobre los testigos propuestos por la defensa -compañeros de piso del acusado que sostienen que estaba en casa la noche de los hechos-, ha advertido de que «todos están bajo sospecha».

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Ha cuestionado que estos testigos realmente convivan con el acusado resaltando supuestas contradicciones en sus testimonios -por ejemplo, en la cantidad que dicen pagar por el alquiler- y la localización de sus teléfonos, que los sitúan fuera del piso aquella noche y la mañana siguiente.

Por ello, el fiscal cree que estos testigos -todos ellos de nacionalidad rumana, como el acusado- se pusieron de acuerdo para declarar que todos estaban en el piso en las horas en las que tuvo lugar la agresión.

También ha destacado la «animadversión» hacia el testigo protegido por parte de otros dos testigos propuestos por la defensa, a los que ha calificado como «testimonios interesados»: una abogada y un hombre que se encuentra en prisión preventiva a raíz del testimonio del denunciante.

Finalmente, Subirán ha denunciado que en la causa matriz -que investiga la presunta trama de corrupción en la Policía Local de Palma- están siendo «todos absolutamente perseguidos», en relación a las querellas contra él mismo, el juez Manuel Penalva, el fiscal jefe Bartomeu Barceló y el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. En concreto, ha detallado que «todas estas querellas y sus ampliaciones» las plantea la hermana del acusado, por lo que se ha pregunado «a quién le va el afán de denunciar».

La defensa: «No se ha querido investigar»

Por su parte, el abogado defensor, José Ignacio Herrero, ha denunciado una supuesta vulneración de los derechos de su defendido durante el proceso de instrucción, en el que, a su juicio, no se ha realizado una verdadera investigación.

«No se ha querido investigar y se ha despreciado hasta el insulto la prueba de descargo», ha protestado Herrero.

Con todo, el letrado ha solicitado una sentencia absolutoria argumentando que «no existe prueba suficiente que acredite la comisión de los hechos».

De hecho, la defensa no sólo ha negado que el acusado sea el autor de la agresión sino que ha cuestionado que el testigo fuera realmente agredido. En esta línea ha acusado al testigo de haber ido «construyendo» su versión sobre lo ocurrido y de «dirigir» el reconocimiento hacia su representado.

Según la defensa, el motivo es la «animadversión» del testigo hacia la hermana del acusado. «Lo escogió a sabiendas de quién era para hacer de verdugo», ha afirmado Herrero, que ha calificado al denunciante como «una persona conflictiva que sabe utilizar a la administración de Justicia».

El abogado también ha defendido la invalidez del testimonio de la compañera de piso porque inicialmente se dijo que era una vecina, «un dato que no se puede cambiar gratuitamente» puesto que en la relación de compañeros de piso «media una cuestión económica».

Finalmente, Herrero ha finalizado su intervención avisando de que «todo lo que se ha introducido» en la causa matriz por el testigo protegido 29 y la testigo protegida 31 «va a acabar mal» y que «va a beneficiar a otros» posibles culpables. El juicio ha quedado visto para sentencia.