El juicio se celebró en la Audiencia Provincial en el año 2014. | Alejandro Sepúlveda

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El Tribunal Supremo ha anulado la condena a dos abogados y a un empresario a los que la Audiencia Provincial impuso penas de medio año de prisión por intentar engañar al magistrado que ahora investiga la corrupción policial cuando estaba destinado en un juzgado de Primera Instancia de Palma.

El caso arrancó después de que los tres acusados promovieran un pleito en el que exigían una responsabilidad civil de 200 millones de pesetas al magistrado Manuel Penalva (era 2001). Éste se había ocupado de ejecutar una sentencia que llevó a que se subastara una gasolinera en Palma a raíz de una deuda. Para intentar detener el procedimiento judicial, el titular de la empresa que explotaba la estación de servicio inició una serie de maniobras al límite junto a sus abogados. Uno de los acusados fue a ver al magistrado y le dijo que haría todo lo que estuviera en sus manos para recuperar la finca.

A partir de ese momento, a lo largo de los años 2001 y 2002 los acusados desplegaron una serie de artimañas: utilizaron otra empresa para intentar anular la subasta, plantearon denuncias penales para paralizar la causa en lo civil y llegaron a demandar al juez. Todas esas argucias fueron inútiles y la finca en la que estaba la gasolinera fue subastada por 200 millones de pesetas. La Audiencia apreció que existió un delito en esa conducta, en grado de tentativa. El Supremo no lo ve así porque el juez no picó el anzuelo por lo que concluye que «no puede hablarse, en el presente supuesto de que haya concurrido el engaño idóneo que requiere la estafa procesal». Ahora bien, señala que las maniobras fueron contrarias a la buena fe procesal y que podrían ser objeto de una multa o de una sanción por parte del Colegio de Abogados, no de una condena penal.