Gabriel Torres. | Pere Bota

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La jueza de instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha acordado hoy imponer medidas cautelares de alejamiento de terminados locales de ocio para un oficial de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, en el marco de la investigación por presunta corrupción en dicho cuerpo de seguridad.

El oficial de policía, que había sido detenido esta misma mañana en el cuartel de la avenida Sant Ferran de Palma y ha pasado a disposición judicial, ha quedado en libertad con medidas cautelares, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La detención se ha producido en el marco de una investigación que comenzó en 2014, en la que están imputados varios policías de Palma y que se desarrolla bajo secreto de sumario.

El pasado 12 de mayo ya había sido detenido otro policía que quedó en libertad provisional con cargos y, en enero, el Ayuntamiento de Palma abrió expediente disciplinario y suspendió de empleo y sueldo a 6 agentes en activo sobre los que pesan medidas cautelares por su presunta implicación en esta trama de corrupción. También está implicado otro policía jubilado desde hace seis años.

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Cuatro de los policías presuntamente implicados son miembros del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) y Cort les abrió expediente de remoción definitiva del puesto de trabajo. En el marco de la misma investigación judicial también fue detenido el jefe de la Patrulla Verde.

También fueron imputados y prestaron declaración ante la juez en enero el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, y el jefe de la Policía Local, Joan Mut, por presunta prevaricación y coacciones.

La jueza de instrucción número 12 de Palma acumula testimonios sobre una supuesta red de policías locales que presuntamente protegían y amparaban actividades ilegales de proxenetas que les pagaban con servicios sexuales que también habrían utilizado políticos y funcionarios.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que durante años los policías avisaron con antelación a los dueños de varios locales de alterne de la zona de la Playa de Palma cuando se iba a producir una inspección e hicieron la vista gorda ante la presencia de prostitutas menores de edad y en situación ilegal en el país, entre otras irregularidades como los abusos laborales.