Antonio Ledesma en una imagen de archivo.

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Antonio Ledesma ha presentado su renuncia como jefe de la Policía Local de Marratxí, después de que el viernes fuera detenido en el transcurso de una investigación de presunta corrupción relacionada con locales de ocio de Calvià. Así lo ha comunicado este domingo el alcalde del municipio mallorquín, Tomeu Oliver, en rueda de prensa.

«Ante la información de las últimas semanas, valorando mucho la voluntad del señor Ledesma, y siempre con máximo respecto a la Justicia y a la presunción de inocencia, el equipo de Gobierno ha decidido aceptar la renuncia voluntaria del señor Ledesma», ha asegurado Oliver, quien ha informado que mañana sabrán si el nuevo jefe de la policía es un mando del actual cuerpo o de otra localidad.

El alcalde de Marratxí ha detallado que la semana pasada Ledesma ya había puesto su cargo a su disposición, cuando empezaron a salir informaciones en los medios de comunicación sobre un presunto caso de corrupción vinculado a la Policía Local de Calvià, donde Ledesma trabajó con anterioridad. Además, Tomeu Oliver ha explicado que anoche pudo hablar con Ledesma y que éste le aseguró que el municipio de Marratxí no está implicado en la trama de Calvià. Según el alcalde de Marraxtí, el ya ex jefe de la Policía Local está muy preocupado por lo sucedido.

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Oliver ha agradecido el paso «loable» dado por Ledesma quien «ya no forma parte de la plantilla de Policía Local de Marratxí y ya no tiene ninguna relación con el municipio». «Me manifestó que estaba muy agradecido a la Policía Local de Marratxí y a Marratxí en general y que en ningún momento quería perjudicar ni la imagen de la Policía Local ni la de Marratxí», ha afirmado el alcalde.

Libertad con cargos

Cabe recordar que Antoni Ledesma quedó anoche en libertad con cargos después pasar una noche en los calabozos de la Guardia Civil tras ser detenido por su presunta relación en la trama de Calvià. El sábado por la tarde decidió colaborar con la Benemérita y tras su declaración fue puesto en libertad. Se le imputa un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.