Imagen de la casa donde vivían las víctimas en condiciones infames.

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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con funcionarios de inspección de trabajo del Govern balear, procedieron a la detención de un empresario acusado de semiesclavizar a dos trabajadores de nacionalidad marroquí.

El arrestado es un varón español de 54 años de edad que es propietario de una gestoría y titular de diversas empresas y varias fincas rurales de la zona de Palma. Los agentes le imputan un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de discriminación laboral, dando así por finalizada la operación 'sa Flor'.

Las indagaciones se iniciaron hace unas semanas, cuando los agentes responsables del caso recibieron diversas denuncias, comunicando las numerosas irregularidades que se estaban produciendo por parte de un empresario en Palma y que podría estar atentado contra el derecho de varios trabajadores extranjeros, principalmente de origen marroquí.

Las víctimas, dos ciudadanos de origen marroquí, contratados por dos horas diarias como jardineros, eran obligadas a realizar jornadas laborales de hasta 10 horas diarias percibiendo únicamente 70 euros semanales y teniendo únicamente un día a la semana libre, el cual según las necesidades del propio empresario podía ser disfrutado, o no. Cobraban poco más de un euro por hora. Los trabajadores realizaban funciones de albañiles, jardineros, traslado de muebles y enseres . Los dos trabajadores, residían en la finca agrícola en la que trabajaban, en condiciones infrahumanas, incluso sin agua corriente para aseo personal y baño, debiendo a tal efecto sacar el agua de un pozo de la finca, y si por ello se quejaban, eran amonestados diciéndoles «mejor estáis aquí que aparcando coches».

Las víctimas, los dos ciudadanos marroquíes, llevados por sus diferentes situaciones económicas y personales (cargas familiares), y por miedo a perder su única fuente de ingresos, se veían obligados a aceptar las condiciones laborales impuestas por el empresario, dándose la circunstancia que mientras los ciudadanos rumanos cobraban en torno a los 600 euros mensuales por cinco horas de jornada diarias durante seis días a la semana, los ciudadanos marroquíes por diez horas diarias y seis días a la semana cobraban 70 euros a la semana.