La Paca, durante el juicio por el caso Kabul. | Alejandro Sepúlveda

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La Fiscalía Antidroga recurre contra su mayor chasco judicial. El ministerio público presentó ayer en la Audiencia Provincial el anuncio oficial de que llevará al Tribunal Supremo las absoluciones de los principales acusados en la ‘operación Kabul’.

El objetivo fundamental de la acusación pública es salvar todas las escuchas y registros que fueron anulados por la sentencia de la Audiencia. De esta manera forzarían a que la Sección Segunda tuviera que redactar una nueva sentencia en la que, si se valora toda la prueba, ‘La Paca’, ‘El Kike’ y el resto de miembros de los clanes serían condenados con seguridad. Formalmente la petición de la Fiscalía -que suscribe el fiscal Julio Cano en solitario- apela a una infracción de precepto constitucional. El documento considera que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al privar a la acusación de los medios de prueba «pertinentes para la defensa de los derechos que por la ley se le encomiendan».

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Jodorovich

El mismo escrito también señala que se aprecian infracciones de ley en la sentencia. Con esta segunda vía se pretende atacar otras de las absoluciones más sonadas del fallo: la de los hermanos Montero Jodorovich. Ambos fueron exculpados porque la Audiencia señaló que ya habían sido juzgados por los mismos delitos. Los dos acusados habían sido encausados en Barcelona por un delito de narcotráfico cuyo marco temporal coincidía con las fechas por las que se les acusaba en Kabul. La causa de Barcelona tuvo un primera condena pero luego el Supremo la anuló también por unas deficiencias en las escuchas telefónicas en este caso puestas en marcha por el Cuerpo Nacional de Policía.

Los pinchazos fueron anulados en este caso por la Audiencia Provincial porque los magistrados consideraron que no estaban suficientemente justificados al partir de indicios poco fiables como unas confidencias.