El acusado (de pie), ayer en la Audiencia Provincial de Palma.

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La Audiencia Provincia condenó ayer a tres años y medio de cárcel a un estafador reincidente por obtener 1,2 millones de euros el método de hipotecar fincas que no eran suyas y quedarse con el préstamo.

El acusado fingía ser un gestor solvente y convenció a cuatro personas que sabía que tenían propiedades inmobiliarias para que le dejaran gestionárselas. Una vez tenía el permiso para administrar las fincas solicitaba préstamos y ponía como garantía esas propiedades que no eran suyas. Los dueños de las fincas desconocían estas operaciones y los prestamistas tampoco también eran engañados. Generalmente, el dinero terminaba en la cuenta del acusado. El principal damnificado es un vecino de Inca que otorgó un poder ante notario al acusado. Éste le hipotecó todos los bienes que tenía: un total de cinco fincas, todas ellas en Inca por una cantidad de 579.000 euros. Una vecina de Artà vio cómo dos de sus propiedades respondían por dos préstamos de un valor de 560.000 euros.

A pesar de la conformidad ayer se comenzó a celebrar el juicio por el dinero que queda en el aire. El problema es que eran inversores privados quienes prestaban el dinero. Ahora se trata de dilucidar si las hipotecas son válidad o no. Si no lo son, serían esos inversores quienes perderían el dinero que adelantaron para los préstamos.