Más de un siglo de cárcel en juego para doce acusados. Ayer arrancó en la Audiencia Provincial de Palma el juicio contra una decena de ciudadanos dominicanos acusados de formar parte de una red de tráfico de cocaína con ramificaciones en Palma y Manacor. La Fiscalía imputa a todos ellos delitos contra la salud pública y de asociación ilícita, por los que solicita condenas que oscilan entre nueve años y medio y quince años de prisión.
Dos de los acusados, se encuentran en rebeldía y no comparecieron ayer ante la sala. Los que sí comparecieron, rechazaron responder a las preguntas de la Fiscalía y sólo contestaron a sus defensas. Todos ellos negaron haber comerciado con drogas y, una buena parte alegó ser consumidor habitual de cocaína.
Por su parte, las defensas solicitaron al Tribunal que anule las grabaciones telefónicas realizadas por la Guardia Civil con autorización judicial. Estas conversaciones entre los imputados detonaron la detención de los acusados y son una de las pruebas incriminadoras más contundentes de la acusación. Las defensas sostienen que se autorizaron sin que hubiera indicios suficientes y que, por lo tanto, se vulneró el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
Según el fiscal antidroga, Adrián Salazar, la banda usaba correos para introducir la droga en Mallorca. Desde un piso en la calle Magallanes de Palma se distribuía la droga. Otros dos grupos la vendían también en Manacor y Cala Bona.
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