El juzgado de lo Penal número 4 de Palma ha condenado a once años de cárcel a los responsables de una gestoría de Palma que proporcionaba documentos falsos a inmigrantes.
Los responsables de la oficina, con sede en la calle Cotlliure, cobraban a inmigrantes cantidades entre los cien y los dos mil euros por nóminas, declaraciones de la renta o contratos falsos. Esta documentación era después empleada para conseguir créditos de consumo o papeles de residencia. El dueño de la gestoría, Luis Javier Almazán, y un inmigrante conocido como 'Junior', que captaba clientes para el despacho, fueron condenados a dos años de cárcel por falsedad documental y estafa. Estas dos son las dos penas más elevadas.
Otros cuatro acusados, clientes de la firma, han recibido penas de un año y nueve meses. La especialidad de la gestoría era la emisión de contratos y nóminas falsas. La Fiscalía detalla como hasta cuatro personas utilizaron estos documentos para financiar la compra de vehículos.
La oficina también creaba sociedades ficticias que luego emitían contratos de trabajo para inmigrantes. Sin embargo, esta conducta no tiene relevancia legal ya que sólo sería delito si quienes creasen las falsas empresas fueran funcionarios públicos.
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