El dueño de la empresa implicada en la 'operación Sofía' culpa a sus compañeros

La Fiscalía Anticorrupción de Balears pide un total de 50 años de cárcel para los cinco acusados. Las penas más altas son para un acusado canadiense y otro británico, a los que se imputan 40 delitos de estafa y cinco de falsedad documental. Para cada uno de ellos, los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach solicitan una condena de catorce años de cárcel. El resto de los procesados, un alemán, una británica y un estadounidense se enfrentan a penas que oscilan entre los cinco y seis años.

Delitos
El escrito de acusación recoge dos hechos delictivos. El principal, en el que se acumula la principal estafa se basa en la venta inflada de acciones de una sociedad que supuestamente se dedicaba al sector inmobiliario en Bulgaria.

La empresa Black Sea Investments, con sede en el país eslavo, pretendía invertir en terrenos para edificar en los mismos. Para conseguir financiación puso a la venta acciones a un precio nominal de 0'4 libras. En ese momento intervinieron cuatro de los acusados que, según el fiscal, de acuerdo con el dueño pusieron en marcha la estafa.

Éstos fundaron una empresa en Palma que funcionaba «como una especie de call-center». Desde ella, los acusados contactaban con ciudadanos británicos a los que se presentaban como directivos de Black Sea Investments (algo que no eran) y ofrecían acciones a un precio de entre dos y tres libras y media; es decir, entre cinco y ocho veces su valor real. El beneficio que obtenían terminaba en sus manos a través de otras dos sociedades de su propiedad que empleaban como pantalla.

La empresa de la que vendían las acciones sólo ingresó 800.000 libras, aunque Fiscalía sostiene que «tampoco se ha acreditado que se haya destinado a la compra de solares, por lo que también habría sido incorporada al patrimonio de los acusados».

Tres de los procesados aprovecharon la trama para vender además a cinco inversores acciones de otra empresa falsa de su completa invención, según el fiscal.