P. Candia07/05/09 0:00
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Los hermanos José, Alejandro y Gabriel Feliu negaron ayer ante el juez haber desempeñado el papel de cómplices de los estafadores del conocido como 'caso de las dobles ventas' en Cala Llamp, la supuesta trama creada en torno a la venta sucesiva de una misma propiedad a distintos propietarios, e insistieron en que el papel desempeñado por el bufete que representan «se ajustó siempre a la legalidad».

Uno de ellos, Gabriel, defendido por Manuel Pomar, incluso fue más lejos y afirmó ante el titular del Juzgado de Instrucción 11 de Palma, Manuel Penalva, y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, que «en todo caso» si se registraron actuaciones irregulares en la compraventa de terrenos era responsabilidad del registrador de la propiedad, que debía conocer la situación legal de las parcelas. Gabriel Feliu sólo respondió a las preguntas del Ministerio Público, e ignoró las cuestiones planteadas por las acusaciones particulares. No obstante, tanto Anticorrupción como el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, poseen información que sitúa al bufete Feliu en el ojo de la huracán de la causa, especialmente a Miguel Feliu, defendido por José Zaforteza.

De hecho, Pedro Horrach ha solicitado al juez que autorice al Grupo de Delincuencia Económica a realizar gestiones encaminadas a la localización de las personas que aparecen en las fichas intervenidas en el despacho de los Feliu como compradores de las parcelas de Cala Llamp. Esas fichas fueron incautadas el mismo día en que se inició la denominada 'operación Relámpago, en abril de 2007.

Con un auto judicial emitido por el Juzgado de Instrucción número 7, una comisión judicial registró en su momento el bufete Feliu; la notaría de Alberto Ramón Herrán y Àlvaro Delgado Truyols (éste último hermano del alcalde de Calvià, Carlos Delgado), y el Banco Sabadell de la calle Jaime III. Al mismo tiempo registraron oficinas y asesorías en la calle Porto Pi, en Rodríguez Arias y en el Paseo de Illetes 60. La causa se dividió entre la supuesta estafa de las dobles ventas en Cala Llamp y los posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Por ahora, permanecen en la cárcel de Palma dos de los principales imputados, los franceses Patrick Duchemin y Yan Theau, así como varios testaferros en operaciones de dobles ventas. Ayer, también declaró el promotor Stuart Basset, defendido por el abogado Carlos Barceló, quien reiteró que, como promotor, compraba y vendía terrenos, y que desconocía que se trataba de dobles ventas.