Su versión es que «se encontró con el problema de que el coste de sacar los escombros de la finca era de 61.000 euros», una cantidad que asegura no poseer. A pesar de estos obstáculos, el imputado afirmó ayer que intentará conseguir el dinero y que que es consciente de que dicho material «no puede estar allí».
Bartomeu Torrens manifestó también «seriamente» su compromiso de retirarlos «cuando tenga disponibilidad económica».
La comparecencia de ayer se debe a que los vecinos denunciaban dos nuevos incumplimientos. El primero se produjo el día 7 de marzo, cuando el juez dio la orden de que «se proceda a retirar tales escombros». Tras comprobar que no había hecho caso, se le tomó declaración el 29 de marzo. El juez le advirtió que si no lo hacía en el plazo de una semana, incurriría en un delito de desobediencia judicial.
A pesar de estas nuevas advertencias, los vecinos han tenido que seguir conviviendo con una enorme montaña de escombros, que esta vez están amontonados en una zona un poco más alejada de las casas.
Según el letrado Miguel Àngel Villalonga, que representa a los inquilinos perjudicados, la actuación del propietario muestra «el desprecio del denunciado respecto a la vida diaria de los denunciantes».
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