Doscientos guardias civiles entregan un escrito de queja al Defensor del Pueblo

Unos 200 guardias civiles de uniforme procedentes de todo el país entregaron ayer en la sede del Defensor del Pueblo un escrito de queja por sus condiciones laborales y profesionales y especialmente por el régimen disciplinario, que contempla penas privativas de libertad. «Hemos venido a demandar amparo y a plantear la penosa realidad de modificar un régimen disciplinario, a decirle al Gobierno que tiene que dignificar nuestra profesión y que merecemos ser tratados como el resto», dijo el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpinyá. Añadió que el Gobierno se había comprometido a reconocer los derechos y actualizar el Estatuto de la Guardia Civil en su programa electoral, pero que hasta ahora no lo ha hecho «ni tiene previsión de hacerlo». Perpinyá destacó que aún siguen internando a agentes en prisiones militares y que son privados de su libertad por sanciones administrativas y disciplinarias, contra las que recientemente se pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El secretario de la AUGC hacía referencia a una sentencia que el pasado 2 de noviembre condenó a España por una demanda presentada por un guardia civil que, estando de baja médica, fue sancionado por haberse ausentado del cuartel sin permiso previo de sus superiores para visitar a un familiar gravemente enfermo.