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El Gobierno ha concedido el indulto a José Fiol, un taxista de 45 años de edad que en 1998 fue condenado a siete años de prisión por dos delitos de lesiones. Los hechos tuvieron lugar el 3 de noviembre de 1997. Según la sentencia emitida por la Sección Primera de la Audiencia, los taxistas José Fiol y Manuel Pando estaban esperando clientes en la Plaça del Roselló de Palma cuando llegaron dos hermanos que querían tomar uno de los taxis. José y Manuel se negaron a llevarles al ver que estaban ebrios y se inició entonces una fuerte discusión. Los hermanos abandonaron el lugar, momento en que José y Manuel les agredieron con una porra y un cable de acero. De los dos hermanos, Javier resultó con un labio partido y heridas en el cuero cabelludo, mientras que Jesús sufrió fractura de los huesos propios de la nariz y otras contusiones. El fallo condenó a cada uno de los taxistas a siete años de prisión por dos delitos de lesiones, y ambos ingresaron en prisión en octubre de 2000. Un año después, el Gobierno concedió un primer indulto a Manuel Pando.

Por su parte, José Fiol siguió los pasos de su compañero y solicitó el indulto en abril de 2003. Sin embargo, el tiempo pasaba y a José no le llegaba ninguna respuesta. Las cosas cambiaron con la aparición de Francisco Juan Carrión Orfila, un letrado adscrito al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico Penitenciaria que se dedicaba, gratuitamente, a realizar pequeños servicios de ayuda a los presos, como la tramitación de los permisos carcelarios. Carrión se interesó por el caso de José Fiol y descubrió que el indulto no había sido tramitado por una mera cuestión burocrática, ya que no se había remitido una copia de la petición a la Delegación de Gobierno y el proceso había quedado bloqueado. El abogado se sumó a la petición y solicitó una nueva, que fue aprobada en reunión del Consejo de Ministros el pasado 19 de noviembre. Paradójicamente, Carrión fue cesado del Servicio de Asistencia a los presos el pasado mes de mayo por el Colegio de Abogados.

Carrión ha pedido también una indemnización de 16.200 euros para su cliente, ya que el magistrado le denegó la suspensión de la pena tras solicitar el indulto.