J.F.MESTRE25/01/04 0:00
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El Consejo General del Poder Judicial ha expedientado a una jueza de Mallorca, cuyo último destino en la Isla fue el Juzgado de lo Penal número 5 de Palma, por la situación caótica en la que se encuentra en estos momentos la oficina judicial. El expediente se debe al retraso injustificado en dictar sentencia de los casos que juzgaba. Hace pocas semanas la juez, Begoña Guarda Laso, fue trasladada a petición propia a un juzgado de Zaragoza. Sin embargo, abandonó el juzgado de Palma sin resolver los casos que tenía pendientes. En estos momentos se tiene constancia de que todavía no ha dictado sentencia en más de 50 casos que ella misma juzgó.

Este no es el primer expediente que se tramita contra esta jueza. En su anterior destino, que fue el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Palma, ya fue investigada por la inspección del CGPJ por el retraso que se llegó a acumular en el juzgado. La juez tardaba una media de un año desde la fecha en la que se celebraba la vista hasta el momento de dictar sentencia. El problema se resolvió con el apoyo de varios jueces, que se encargaron de resolver las apelaciones que quedaban pendientes en la Sala. Esta situación se ha repetido ahora en el Juzgado de lo Penal número 5 de Palma, aunque en este caso la situación es mucho peor, ya que debe ser la jueza Begoña Guarda Laso la que dicte la sentencia de las vistas que ella ha celebrado. Han sido muchos los abogados que se han quejado por escrito por el excesivo tiempo que tardaba esta jueza en dictar sentencia. Los letrados consideraban que era imposible que la jueza pudiera acordarse de los detalles de un juicio que había celebrado un año antes, por lo que muchas de las sentencias que dictaba eran después anuladas por la Audiencia. Uno de los casos más graves fue una condena a un policía local de Palma por lesiones en un juicio en el que se había retirado los cargos contra el agente. También la Audiencia ordenó a esta jueza, hace más de un año, que volviera a dictar otra sentencia sobre el desalojo de un grupo de 'okupas', porque se había equivocado en los nombres de los perjudicados y había incluido a personas que no vivían en este edificio.

Varias fuentes han señalado a este periódico que la magistrada ha sufrido problemas familiares. Sin embargo, en medios jurídicos de Palma se considera que ello no es razón suficiente para justificar que esta magistrada tardara tanto tiempo en dictar una sentencia, porque la ley le otorga la capacidad de adoptar resoluciones que afectan a los derechos de los procesados. En las últimas semanas la jueza ha enviado a Palma algunas sentencias que había dejado pendiente. Sin embargo, se calcula que todavía faltan más de medio centenar de resoluciones por resolver.