El departamento de Recaudación Ejecutiva del Ajuntament de Palma ha
decretado el embargo de una vivienda porque la propietaria de la
misma tiene una deuda de un total de 1.723 euros por multas de
tráfico. El embargo se hizo efectivo el pasado 24 de octubre y se
notificó de manera oficial a la interesada el 27 de noviembre. El
abogado de la mujer, Agustín Hayles, ha presentado un escrito de
aplazamiento para el pago de la deuda. La diligencia de embargo
viene firmada por Miguel Rotger, recaudador ejecutivo del
Ajuntament.
El importe de las multas es de 1.292 euros, a los que se añaden
258 euros por recargos, 140 por intereses de demora y otros 30
euros por costes del procedimiento. La vivienda que ha sido
embargada es la residencia de la mujer y de su padre y su valor
supera con creces el importe de las multas. Antes de que fuera
localizada la mujer, desde el departamento de Recaudación se
rastreó en busca de cuentas corrientes o bienes de la mujer, pero
al no encontrar ninguno que igualara o superara la cantidad que
adeuda, se procedió al embargo de su vivienda.
Cuando entregó el escrito de aplazamiento la mujer solicitó que
se suspendiera el procedimiento de embargo hasta el próximo 20 de
enero, fecha en la que preve que podrá hacer efectivo el pago, a lo
que según manifiesta le contestaron que para ello tenía que
presentar un aval del 100% de la cantidad adeudada. Esta exigencia
es ilegal según una orden del Ministerio de Economía y Hacienda,
que está en vigor, y según la cual el aval sólo es obligatorio en
el caso de que la deuda supere los tres mil euros.
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