El juicio contra la funcionaria de la Seguridad Social, acusada de
malversación de caudales, quedó ayer visto para sentencia. El
fiscal Jaume Guasp y la abogada que representa a la Administración
mantuvieron su propuesta de reclamar seis años de prisión para
María del Carmen L.R., a lo que se opone el letrado defensor Ramón
Riutort, que mantiene la inocencia de la acusada.
La declaración de los testigos, en concreto los funcionarios de
la Unidad de Recaudación Ejecutiva, puso en evidencia que la caja
donde el cajero colocaba el dinero que cobraba a los contribuyentes
siempre estaba abierta y no tenía llave, y que la caja fuerte,
instalada en la habitación que ocupaba el jefe del departamento,
también solía estar abierta. El letrado defensor demostró ayer que
casi todos los funcionarios de la oficina tenían la posibilidad de
anular un cobro anotado por otro compañero en el ordenador, porque
el programa informático se lo permitía, y que el acceso al dinero
era relativamente fácil.
Las acusaciones imputan a la funcionaria, que gestionaba el
cobro de cuotas por vía de apremio, que desvió dinero en ocho
ocasiones distintas, y le acusan de haberse quedado con 2845 euros.
Se da la circunstancia que esta cifra se ha obtenido porque varios
contribuyentes han presentado unas facturas, firmadas por la
acusada, cuyas cifras no aparecen reflejadas en el sistema
informático. El letrado defensor sembró ayer la duda y mantiene que
es absurdo que su clienta firmara estos documentos, se llevara
estas cantidades, cuando tenía acceso a la caja y podría haber
anulado del ordenador cobros recibidos por otros compañeros de la
oficina.
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