J.F.MESTRE15/02/02 0:00
TW
0

Un ingeniero yugoslavo, que es propietario de una vivienda en Mallorca, ha sido juzgado esta semana acusado de un delito de contrabando. Se le acusa de no haber declarado, al llegar al aeropuerto de Son Sant Joan, un collar de la marca Cartier, valorado en unos diez millones de pesetas, que había comprado en Suiza para realizarle un regalo a su esposa. Los hechos se remontan al pasado verano. Este hombre, por motivos laborales, realizó un viaje a Suiza. Al coincidir con un aniversario de boda compró esta valiosa joya. El ingeniero tiene su residencia habitual en Alemania, pero antes de regresar a su casa, viajó a Mallorca para comprobar el estado de su apartamento.

El hombre señaló en el juicio que las autoridades suizas le dijeron que no era necesario declarar la joya. Sin embargo, al llegar a Palma, cuando atravesaba el control policial, fue detenido. El hombre cree que la policía suiza avisó a la de Mallorca para comunicarle que viajaba un hombre que portaba una valiosa joya que no había declarado en aduanas. El ingeniero afirma que fue detenido antes de que atravesara el control de aduanas, por lo que su abogado, Manuel Pomar, mantuvo en el juicio que no pudo cometer ningún delito porque su cliente fue arrestado antes de que lo cometiera. También mantiene el abogado que la presencia del ingeniero en Mallorca era sólo por unas horas, ya que su intención era viajar de inmediato a Alemania. Además, el acusado desconocía que, por tratarse de una pieza valorada en más de tres millones de pesetas, tuviera la obligación de declararla al atravesar la aduana española.

El valioso collar Cartier está en estos momentos en poder de las autoridades españolas. El hombre, por este motivo, quedó detenido, fue conducido a los calabozos policiales y después presentado ante el juez. El fiscal, a pesar de las explicaciones del ingeniero, mantuvo contra él la acusación de contrabando. Aunque en un principio reclamaba una condena de un año de prisión, tras el juicio la redujo a seis meses. Sin embargo, en la cuestión económica la Fiscalía reclama el pago de una multa de 25 millones de pesetas. El abogado defensor no sólo solicita la absolución, sino que entiende que la multa que se le reclama es desproporcionada, puesto que si hubiera declarado la joya los impuesto que hubiera pagado no superarían las 300 mil pesetas.