La Fiscalía de Palma ha decidido presentar un recurso contra la
sentencia del Juzgado de lo Penal número 5, por la que se condenaba
al constructor que echó a la fuerza a un grupo de «okupas» que
vivía en un edificio abandonado de la calle Botons. Este empresario
fue declarado culpable de un delito de coacciones y la juez, además
del pago de una indemnización a los «inquilinos», le impuso una
condena de un año de prisión.
Bartomeu Barceló, el fiscal que actuó en el juicio, entiende que
el empresario no cometió ningún delito de coacciones, sino sólo una
falta. El fiscal pidió a la juez en el juicio una condena de multa,
y no de prisión. A este recurso se ha sumado la defensa del
acusado, que mantiene que no existió ningún delito. El empresario
reconoció en el juicio que ordenó que se derribaran algunas partes
del edificio, pero no en el que vivían los «okupas», sino en el de
al lado. Sin embargo, esta declaración no convenció a la juez. Los
hechos se remontan al año 1999.
Un grupo de obreros, contratado por el acusado, comenzó a
derribar algunas paredes y el techo del piso superior. Las obras
afectaron a la estructura del edificio y los «okupas» tuvieron que
irse por temor a un derrumbe.
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