La noticia de que las asociaciones vecinales tienen que devolver 60.000 euros de las subvenciones al Ayuntamiento puede dar lugar a interpretaciones, especialmente si se omite que se trata de proyectos realizados durante la pandemia, con actividades prohibidas o restringidas. La devolución de dinero no gastado forma parte de la justificación correcta y en este caso solo representa el 3,51 % del total subvencionado entre 2019 y 2021, lo que supondría un éxito dadas las circunstancias.
Además, hay requerimientos que aún están en fase de recurso y esa cantidad puede ser sensiblemente inferior, porque se trata de justificación no aceptada por cuestión de firma digital o de pequeñas desviaciones entre partidas. Algunas entidades devuelven por no gastar energías en discutir con una administración enferma de rigidez, que emite 9 folios para reclamar un céntimo de menos en una partida y rechaza cualquier superávit que se pueda dar en otra. La vida real supeditada a una rígida hoja de cálculo por una función pública cada día más alejada de la ciudadanía.
Años a remolque de la ley estatal de subvenciones de 2003, hecha para subvencionar grandes empresas (98 % de las subvenciones) y que desprecia el trabajo voluntario y no lucrativo de las entidades ciudadanas. Una ley que ningún gobierno de los autoproclamados «progresistas» ha cambiado y que en el ámbito local ha sido usada como un embudo: ancho para la administración y estrecho para las entidades. Acabar con el embudo es lo mínimo a exigir.
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