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En defensa de la exconsellera Pilar Bonet sale su abogado, el penalista Antonio Martínez, quien afirma que «está devastada». Desconoce Bonet de qué se le acusa al no haber sido denunciada y no existir proceso judicial. Pero «su condena social ya ha sido dictada» al haber sido vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, subraya el acreditado penalista, que recuerda el ‘caso Cursach’, donde consiguió la absolución del empresario Tolo Sbert.
En situación similar se encuentra, por ejemplo, el expresidente de Autoritat Portuària de Balears, Joan Gual de Torrella, que desde abril de 2020, cuando estalló el ‘caso Puertos’, desconoce aún cuáles son los ilícitos penales de los que, algún día, deberá responder ante la Justicia. O no. Sencillamente porque varias piezas, diamantes de la principal, continúan hoy bajo secreto de sumario. Pilar Bonet empieza un doloroso laberinto mediático y judicial, sin fecha de salida, que se prolongará durante años por el carácter garantista del Derecho Penal, con recursos de reforma, súplica, apelación, queja, casación, revisión y anulación ante distintas instancias y jurisdicciones: Instrucción, Audiencia, Supremo y Fiscalía.
Pueden preguntar también al exalcalde y el exteniente de alcalde de Urbanismo de Ciutadella, Llorenç Brondo y Avel·lí Casasnovas respectivamente, quienes aguardan aún fecha para la vista oral en la que se deben juzgar los hechos del ‘caso Nerer’, un episodio de corrupción urbanística de 2005.
«Dura lex, sed lex», proclama el aforismo latino. Pero, ¿qué ocurre cuando la instrucción judicial se demora y eterniza? En aquellos casos quienes han tenido que dimitir por la pena del telediario y, sin haber sido juzgados, ya han sido condenados por la opinión pública, ¿es justa una Justicia que se eterniza?
Como escribió el Nobel Albert Camus Sintes: «Entre la Justicia y mi madre, prefiero a mi madre».