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Las dos legislaturas que permaneció Francina Armengol al frente del Govern apenas han servido para dar algún paso adelante en el grave problema de la vivienda en las Islas. Los ‘populares’ acaban de llegar y ya han anunciado cantidad de medidas que, confían, lograrán desatascar el inmenso bloqueo que sufre el sistema inmobiliario. Porque cada vez hay menos pisos de alquiler y me atrevo a vaticinar que en adelante habrá muchos menos aún. Acaban de hacerse públicos unos datos aterradores sobre la morosidad de los inquilinos en toda España y Balears está en el podium de los que más sufren. Sabemos que aquí los precios poco tienen que envidiar a los de Madrid o Barcelona, incluso varias capitales europeas, mientras los salarios son bajos. Y eso crea la cuadratura perfecta para el desastre: a cada casero sus arrendatarios le deben una media de casi diez mil euros. Dificilísimos de recuperar, ciertamente. Sabiendo esto me planteo quién es el guapo que, teniendo una vivienda en propiedad que no necesita, se atreverá a colocarla en el mercado del alquiler. El riesgo es altísimo, todos conocemos casos cercanos de líos relacionados con este tema. La picaresca está a la orden del día y aunque hay muchas familias que se ven incapaces de hacer frente a sus obligaciones por la carestía de la vida y lo escaso de sus ingresos, también hay miles que se gastan una jeta de hormigón armado y acceden al contrato de renta a sabiendas de que solo pagarán la primera cuota. Con un paisanaje así y una ley que les protege, ni Marga Prohens ni todas las iniciativas del mundo lograrán darle la vuelta a la tortilla. Tendrían que subir notablemente los sueldos y bajar enormemente la cara dura de una parte considerable de la población.