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El debate de investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo ha puesto las cartas boca arriba de la situación en la que está inmersa la política española, donde las dos grandes formaciones -PP y PSOE- están condicionadas por la ultraderecha por un lado y el independentismo catalán por el otro. De esta trampa, impensable hace sólo una década, resulta obvio que -al menos de momento- Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de salir; y menos si el precio supone tener que renunciar a seguir en el palacio de La Moncloa. Durante las sesiones del pleno, el líder de los conservadores dejó claro que hay márgenes que no está dispuesto a rebasar, una premisa que es obvio que incumple su adversario para regocijo de Junts y Esquerra Republicana de Catalunya. El que se pretenda colar como astucia la falta de principios del dirigente socialista es sorprendente.

Plegarse a las exigencias de Carles Puigdemont requiere saltarse la Constitución, por mucho que la cuqui vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, quiera hacer ver lo contrario. Conceder la amnistía a los implicados en el proceso secesionista catalán del 1-O de 2017 supone una clara desclasificación del vigente régimen democrático español. Admitir la convocatoria de un referéndum secesionista vulnera el actual marco jurídico del Estado. ¿Debe haber límites para conseguir el poder? ¿Todo vale? Para la mayoría del progresismo apesebrado parece ser que sí.

La respuesta del PSOE y todos sus satélites frente a las propuestas (firmadas) de amnistía y referéndum de los partidos independentistas catalanes no debería ser otra que la reforma de la actual Constitución, sí la del régimen del 78, para que todos los españoles acepten las nuevas condiciones. Esto sería hacer bien las cosas, el resto es puro trilerismo.

Tras el debate ha quedado claro que el PP, y de paso Feijóo, tiene un gravísimo problema con Vox que debe resolver con urgencia. La ultraderecha es, y continuará siendo, un escollo insalvable para alcanzar el Gobierno; pongan al que pogan de líder. Otro tanto hay que decir de las fuerzas progresistas de ámbito estatal, la sumisión a los independentistas -ahora catalanes y mañana de los vascos- acabará con la desmembración del Estado. ¿Esto es lo que se persigue? Díganlo.

El resultado de las elecciones del 23-J ya dejó claro que el problema que se generaba era mayúsculo, por eso quizá resulta inevitable apelar a la responsabilidad de la mayoría (no toda) de la clase política y se convoquen nuevos comicios; de esta manera, con pleno conocimiento, los ciudadanos podrán legitimar determinadas decisiones. Confío poco en que esto suceda.

Prohens y Vox

En algún momento, la presidenta del PP balear y presidenta del Govern, Marga Prohens, debería dejar de mirar a otro lado y comenzar a marcar distancias con Vox. Cada semana, la ultraderecha marca a golpe de toque de corneta el paso de la acción política de las principales instituciones de las Islas; de manera muy especial en el Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma. Mal asunto.