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La nueva presidenta del Govern, Marga Prohens, viene pisando fuerte. Estrena el mandato con dos decisiones importantes: la supresión del Impuesto de Sucesiones y otras medidas de alivio fiscal por una parte y, por la otra, el envío a la Fiscalía del expediente de adquisición de 88 viviendas a la promotora Metrovacesa; una de las últimas decisiones del anterior gobierno progresista que presidió Francina Armengol. Pueden dar por descontado que ambos acuerdos están muy vinculados a la inmediatez de la cita electoral que tuvo lugar ayer, no hay como unas elecciones para que los políticos se aceleren; con independencia de su ámbito territorial.

Los cambios en la fiscalidad, dentro de los márgenes competenciales de la Comunitat Autònoma, forman parte del paquete de compromisos electorales del Partido Popular y no cabe duda de que el relacionado con el Impuesto de Sucesiones es uno de los de mayor impacto social. Sin embargo, a falta de leer la letra pequeña, las modificaciones introducidas adolecen, desde mi punto de vista, de una notable falta de modernidad; de adaptación a los nuevos tiempos y modelos de familia. Veremos si con el tiempo de introducen algunas modificaciones a la propuesta inicial aprobada en un Consell de Govern extraordionario, todo un gesto con el que se le ha querido dar la máxima relevancia.

Donde veo simple efectismo, una bala en la recámara dialéctica para los próximos años es ese envió a la Fiscalía del expediente de compra a Metrovacesa de 88 viviendas para destinarlas a alquiler social. Como todo aquello que se hace de manera precipitada en la Administración, la tramitación es un cúmulo de despropósitos; no en balde se aprobó a pocos días de los pasados comicios del 28-M. El querer hacer pasar el proyecto con cargo a un organismo como Ports IB es fantástico, me recuerda algunas otras iniciativas de tiempos pasados. Las prisas por ganar. Lo más llamativo es que el Govern decide enviar el expediente a la Fiscalía para que ésta lo revise y decida, como si no hubiera una Abogacía y una Intervención de la Comunitat para acometer esta labor y luego, según se vea, presentar una denuncia con pruebas. Han decidido que mejor trabajen otros, que mientras ya se dispone de munición contra la oposición si ésta se desmanda.

Hay que admitir que la respuesta de la exconsellera socialista Mercedes Garrido, ahora portavoz parlamentaria del PSIB, en todo este asunto es más bien pobre y carente de argumentos convincentes. Para salir del paso hay que hacer algo más que recurrir al manual de siempre.

¿Y del regionalismo qué?

La exigua representación de Proposta per les Illes (PI), dos escaños en el Consell , se supone que debe ser el peldaño para la remontada del regionalismo mallorquín. Cierto que no son los mejores tiempos, pero nada se sabe de los movimientos de Antoni Salas para tratar de recuperar esta oferta ideológica que ha quedado, se supone que de manera coyuntural, fuera del tablero. Este partido necesita alar i cofar con urgencia si no quiere pasar, de manera definitiva, a la historia política de Balears. Y no basta con una renovación de caras.