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Esta semana ha sido intensa para los elegidos por sorteo encargados de formar las mesas electorales el 23-J. Hasta al Santo Job le caería como un tiro que lo reclutasen en fechas vacacionales de calor insoportable. Muchas personas alegarán excusas para salvarse de la sauna: viajes previos contratados, enfermedades, lesiones, depresiones o cuidado de la suegra. Es más que probable que el 23-J haya show del bueno. Se espera que no pocos presidentes y vocales titulares se presenten exhibiendo muñecas, tobillos codos o pies vendados. Y muchos suplentes, como ya se huelen el percal, también acudan con peronés a la bartola o incluso en silla de ruedas con la pierna cara al sol. Y eso por no hablar de diarreas, cólicos y mareos de último minuto. Puede que haya más bajas que en el desembarco de Normandía. La Junta Electoral se ha atado los machos y en el papel de citación se lee bien clarito que al que se escaquee le pueden caer entre tres meses y un año de trena o multa de seis a veinticuatro meses. Vamos, que como la cosa se lie habrá que volver a poner en funcionamiento el campo de concentración de Formentera. Y lo cierto es que el presidente Pedro Sánchez tiene todo el derecho del mundo a convocar cuando quiera. Es más, ha cogido a contrapié al PP, a Vox y al poderío mediático madrileño que apoya a Feijóo. Pero la gente no tiene por qué pagar genialidades. Lo que falla es la ley electoral, que debería establecer que, en caso de adelanto en período vacacional, las mesas deberían ser cubiertas por fuerzas de orden público y funcionarios voluntarios, por supuesto cobrando. De hecho, son los interventores de los partidos los que de verdad controlan los recuentos. No hay peligro de tongo. Aquí, para tongo, el que podrían protagonizar muchos ciudadanos de a pie porque no hay una ley que les proteja de sorteos en época vacacional.