El mayor deseo de un empresario es no tener competencia. Con un monopolio, un solo ofertante tiene cautiva a toda la demanda. No solo puede decidir el precio, sino que además puede discriminar, haciendo pagar por el mismo producto o servicio un precio diferente a cada persona según su capacidad adquisitiva o su preferencia. En general, los monopolios no están permitidos, pero son inevitables en algunos casos. No podemos tener cuatro grifos de agua de cuatro empresas distintas y consumir de uno o de otro en función de cuando esté de oferta.
La teoría económica nos enseña que el Estado debe intervenir para regular los fallos del mercado. Uno de ellos es el monopolio natural, como el caso del agua potable. También se justifica la intervención en el caso de bienes públicos, de externalidades (negativas, como las fábricas que contaminan, o positivas, como el beneficio comunitario que producen las vacunas) o de información asimétrica (con la aparición de normativas de protección del consumidor). En los países que tenemos estado del bienestar se va más allá, ya que se justifica la intervención pública cuando el mercado asigna los recursos de manera eficiente pero el resultado es inequitativo. Por estos motivos existen las regulaciones, con mayor o menor acierto en cada caso.
Los sectores tradicionalmente más regulados son las telecomunicaciones, la energía, el transporte y el sector farmacéutico, aunque la Unión Europea promueve la liberalización y la libre competencia. No tenemos cuatro grifos en casa, pero sí una telaraña de cables porque podemos contratar a cualquier compañía de internet. En la práctica, no existe solo lo público o lo privado, sino una gran diversidad de fórmulas híbridas: los estancos, las farmacias, las notarías, los taxis… Son sectores en los que existe competencia, pero también una fuerte regulación por razones de interés general, para garantizar a los ciudadanos unos estándares de accesibilidad, calidad o precio.
El taxi es un servicio público operado por particulares con licencia municipal y con una fuerte regulación de las características del vehículo, tarifas, horarios y espacio en el que pueden trabajar. La obligación de las administraciones es facilitar este servicio esencial a la ciudadanía de forma asequible, con la fórmula que sea. La aparición de nuevas modalidades de transporte discrecional como Uber es positiva para los usuarios, siempre y cuando no desaparezca la protección del servicio esencial. Deberían existir medidas de control para evitar que se discrimine o se ignore a según qué clientes, con un número suficiente de vehículos, de acuerdo con la frecuencia de uso y de la población flotante. Eso sí, habrá más competencia, para mayor desdicha de los taxistas.
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