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Estarán de acuerdo conmigo en que este Gobierno de coalición, el de PSOE y Unidas Podemos, ha superado con amplitud las previsiones sobre las dificultades para lograr unos criterios mínimos en la acción política. Pienso que la pasada semana se alcanzó la cima (o no) del cretinismo político con el que se actúa desde el Ministerio de Igualdad, cuya titular, Irene Montero, y su equipo ya se arroga el papel de instructoras sexuales (sólo de mujeres). El papelón en la votación de la reforma de la ley de libertad sexual alcanzó un nivel de patetismo desconocido hasta ahora, con Montero e Ione Belarra soportando solitas un chaparrón del que también huyeron –además del presidente, Pedro Sánchez–, sus compañeros Garzón y Castells; y dejó en el aire a Yolanda Díaz, cuya indefinición sobre cualquier cosa ya es crónica. Sin embargo, para la formación morada aquí no pasa nada cuando se trata de mantener el cargo. Al igual que en los partidos del sistema, ahora ya nadie dice nada, otro petardo a la coherencia.

Otro tanto podría decirse del PSOE, cuyo portavoz parlamentario, Patxi López, llama «impresentable» al principal socio de Gobierno, pero nada dice para que expulsen a Unidas Podemos del Consejo de Ministros. Será que tapar lo de Tito Berni es la prioridad del momento, y para bloquear las comisiones de investigación se necesitan votos. La ciénaga en la que se libra la actual batalla política en España no tiene precedentes, aunque ello no significa que deba tener su impacto electoral inmediato, o al menos eso debe pensar Sánchez, el cual debe confiar en el chute que le supondrá ostentar la presidencia de la UE a partir de julio.

Los desencuentros entre el PSOE y Unidas Podemos dan para una enciclopedia, las divergencias afectan a cuestiones tan sensibles como la defensa, política exterior, relaciones institucionales, estrategia económica... La izquierda española es incapaz de crear una base común mínima para llevar adelante el país, aunque supongo que para los afectados es mucho más sencillo mirar hacia otro lado y decir que no pasa nada y que no hay para tanto. El 28-M dará a conocer los primeros indicios de quién está en lo cierto.

¿Qué reformar?

En la conmemoración del cuarenta aniversario de la aprobación del Estatut, la presidenta del Govern, Francina Armengol, abogó por su reforma; aunque no profundizó en la propuesta. Cierto que las cuatro décadas desde 1983 no han pasado en balde –en 2007 ya se introdujeron algunos cambios–, pero sería interesante conocer qué y cómo se quiere modificar un marco jurídico tan trascendental para las Islas. Sin querer pecar de nostálgico, uno empezó en esto cuando la preautonomía y en las circunstancias actuales es imposible pretender modificar una coma del vigente Estatut. No es factible plantear la ampliación de competencias –la entrada en la toma de decisiones en los puertos y aeropuertos estatales es decisiva, por ejemplo– o garantizar una financiación digna. Balears logró vencer, en parte, la inveterada insensibilidad de Madrid hacia las Islas –la creencia de que aquí se atan los perros con longanizas es generalizada– gracias al apoyo de personajes como Carlos Martín Plasencia, el entonces delegado socialista del Gobierno. Seamos justos.