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A medida que se van conociendo datos del ‘caso Mediador’, las voces de la izquierda aumentan los decibelios de las acusaciones contra el presidente del Consell d’Eivissa, Vicenç Marí. Hasta tres ministros y el mismísimo Pedro Sánchez y por supuesto la presidenta Francina Armengol y sus epígonos han citado al presidente ibicenco como escudo frente a la tormenta que arrasa al PSOE.
En términos cinematográficos, el Tito Berni recuerda, aunque más ruin, al Jaume Canivell (el irrepetible José Sazatornil) de La escopeta nacional (1978) del genial Berlanga. En este caso, la finca de la cacería donde el industrial catalán espera establecer las relaciones que le permitan vender sus porteros automáticos es a todos los efectos el Congreso y la sede de la Guardia Civil.

Con las visitas a esos lugares se pretendía impresionar a los empresarios que presuntamente pagaban mordidas a cambio de influencia política; encuentros que terminaban a manteles de lujo y en una versión cutre de la zarzuela del género sicalíptico La Corte del Faraón (1910). Ramsés es el restaurante que por lo visto frecuentaban los protagonistas. A todo esto, llama la atención la tendencia irrefrenable de los socialistas envueltos en escándalos económicos al lupanar y la cocaína, con los aditamentos del alcohol y, en esta historia, también la viagra, quizá por la inseguridad acerca de sus capacidades de los participantes en los jolgorios. La cena de los quince, «todos socialistas», en tiempos de cierre total por la pandemia, a buen seguro habrá llevado a Francina Armengol a asegurar que ninguno de sus parlamentarios –Pere Joan Pons, Sofía Hernanz, Cosme Bonet, Susanna Moll, Patricia Abascal– vaya a figurar en la lista más buscada de los últimos tiempos. Ya tuvo lo suyo la presidenta con el Hat Bar.

Eivissa. Al final de la primera oleada de la COVID-19, a petición del sector turístico, el presidente del Consell impulsó un contrato de emergencia para el desarrollo de una campaña de promoción de la isla, con el fin de intentar salvar en lo posible la campaña de 2020. Aun y tratarse del mismo procedimiento utilizado por todas las administraciones, incluido el Govern, para hacer frente a las dramáticas consecuencias sociales y económicas de la pandemia, el PSOE denunciaba el expediente ante la Oficina Anticorrupción que, caso excepcional, sin audiencia del denunciado, remitía la acusación a la Fiscalía; esta, por su parte, asume íntegramente el texto de Anticorrupción y judicializa el asunto. Entremedias, la interventora de la institución se persona en la causa por interpretar como coacción la reflexión que hizo el presidente al informar al pleno de los pormenores de la iniciativa. Se refería Marí a la facilidad de cuestionar una decisión política, «decisiones difíciles en momentos críticos», desde la tranquilidad de un despacho y con un buen sueldo asegurado sin considerar, en aquel momento, la catástrofe que suponía para Eivissa la situación sanitaria, apelando a funcionarios y políticos a remar en la misma dirección. Los sucesivos informes de los servicios jurídicos y del secretario de la institución, por encima de los reparos de la Intervención, avalaron el contrato de Presidencia. Por tanto, de Eivissa a la mancebía y las drogas hay un trecho insalvable. No comparen.